Graciela H. Ortiz
Foto: Tomada de web
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 4 de marzo, 2020
"Los cerrajeros pedimos certeza jurídica y una figura legal para nuestro trabajo, ya que cuando abrimos una casa no sabemos si existen problemas maritales o de otra índole, y somos consignados por la autoridad", sostuvo Carlos Aguilar Cab, presidente de la Cooperativa de Cerrajeros Unidos de Yucatán.
En septiembre del pasado año, la fracción de Movimiento Ciudadano a través de las diputadas Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, presentó una iniciativa de ley donde se sugiere crear un Registro Único de Cerrajeros y trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para crear un protocolo, a fin de que los cerrajeros se sientan protegidos y amparados cuando llevan a cabo su labor.
Aguilar Cab solicitó además que cuando vayan a abrir una casa o un auto se apersone una patrulla para que pueda corroborar que ellos están trabajando de forma honesta.
El cerrajero ya tuvo dos problemas serios por ejercer su oficio, en el primer incidente la persona que requirió sus servicios se amparó junto con él, pero no tuvo tanta suerte con otro cliente donde fue acusado de allanamiento de morada pese a que ni siquiera abrió la puerta.
"Me llevaron a la Fiscalía y estuve 48 horas detenido en una celda, preguntándome que hacía allí si yo sólo cumplía con mi trabajo", recordó, al tiempo que abundó que en ambas situaciones las dos partes llegaron a acuerdos.
Precisó que aunque la ley no ha sido promulgada ya están ejerciendo un protocolo por su cuenta, llamando al 911 antes de realizar la apertura de una vivienda o un auto para informar que van a llevar a cabo un servicio y cubrirse de alguna manera.
A su tiempo, la legisladora Milagros Romero expresó que legislar en este tema es muy necesario "porque hoy por hoy están vinculados a procesos, se configura un delito y unen su destino al del delincuente".
Romero Bastarrachea detalló que al comunicarse con la SSP, la entidad podrá saber si la casa está observada o existe otro conflicto, de todos modos, deberán afinarse los detalles porque si existiera un conflicto de otra índole no puede saberse si la apertura es legal o no, "pero cuando menos darían fe a la autoridad de que ellos están realizando un trabajo y no están coludidos para cometer un delito".
Esta iniciativa ya fue replicada en Veracruz, Campeche, Chiapas, Nuevo León y ya se está extendiendo a nivel nacional.
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