Proponen multas y sanciones a instituciones que vulneren los derechos del adulto mayor

Graciela H. Ortiz
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 5 de febrero, 2020

Multas de quinientas a dos mil quinientas unidades de medida y actualización (UMAS), es decir de 43 mil 440 a 217 mil 200 pesos mexicanos, para los institutos que no cumplan con la atención a adultos mayores que marca la ley del estado respectiva, en cuanto a que se procure una vida digna, salud física y mental a ese grupo poblacional, es una de las propuestas de las legisladoras de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, incluida en la iniciativa de decreto presentada el martes ante la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación.

También proponen sanciones de amonestación o multa de cien a mil UMAS, de ocho mil 688 a 86 mil 880 pesos mexicanos, para los familiares de adultos mayores que les impidan el acceso o ejercicio de sus derechos o realicen contra ellos cualquier acto que implique explotación, abandono, marginación, discriminación o humillación.

De las 32 entidades federativas del país, Yucatán es el Estado con la mayor presencia de adultos mayores, según declaró en junio pasado el presidente del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, Miguel Flores Castro.

La media nacional de este sector de la población es del ocho por ciento, en tanto en nuestro estado los adultos mayores representan el nueve por ciento, lo que nos ubica como la entidad con mayor cantidad de gente de la tercera edad del país, cifra que para el 2050 se habrá triplicado.

Para la investigadora del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Gina Villagómez Valdés, existe omisión de responsabilidades del Estado hacia los adultos mayores, al tiempo que señala que poco más del 10 por ciento de la población total de Yucatán son adultos mayores de 60 años y que en el 18 por ciento de las viviendas del Estado habitan adultos mayores solos y sin compañía.

Por su parte, las legisladoras afirman que desde el mismo núcleo familiar sufren de desalojos, despojos, agresiones y violencia, por mencionar algunos de los atropellos por los que las personas de la tercera edad pasan a diario y por si fuera poco “le podemos sumar las condiciones de desigualdad que por razón de edad se les presenta en empleos mal remunerados y nada dignos, que les provoca carencias, hambre y desventaja social, derivando en enfermedades, discapacidades, depresión deterioro moral y baja autoestima, dando como resultado un aislamiento y limitaciones de sus relaciones afectivas”.

Por lo tanto proponen una modificación a la Constitución Yucateca para que la personalidad jurídica del adulto mayor sea reconocida en el máximo órgano legal del estado, para que nada ni nadie contravenga el interés y respeto a este segmento de la sociedad, plasmando que las personas mayores en el Estado, tendrán acceso a los servicios de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, trabajo, asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades que les propicie mayor bienestar y una mejor calidad de vida.

También las autoridades estatales y municipales deberán establecer un sistema permanente de apoyo e integración social de los adultos mayores para permitirles una vida digna y decorosa, “con esta iniciativa nos uniremos a los estados que ya contemplan al adulto mayor dentro de su Constitución y dejaremos de pertenecer a las nueve entidades federativas del país que aún no reconoce a este grupo vulnerado una certeza jurídica en su máximo orden jerárquico de leyes estatales”.

Finalmente, las personas de la tercera edad que requieran de los servicios de atención al público que proporcionen las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal, tendrán derecho a contar con todo tipo de facilidades y preferencias para acceder a los servicios que éstas presten, al tiempo que implementarán los mecanismos necesarios que permitan la simplificación de los trámites o diligencias que ante ellas tengan que realizar.