Mayoría panista en el Congreso de Yucatán preocupa a activistas LGBTTTI

Las 25 curules de la próxima legislatura del Congreso de Yucatán estarán ocupadas por 14 panistas; y el resto por partidos de oposición. Activistas por los derechos de la comunidad LGBTTTI coinciden en que esto representará “un trabajo cuesta arriba” en hacer valerlos; aunque en el caso del matrimonio igualitario, “es un tema ya resuelto”, aseguró Alex Orué, director de It Gets Better.

Para el activista, tratar con esta nueva legislatura será “un trabajo cuesta arriba” para el reconocimiento de los derechos de la comunidad, pues conocen la postura del partido blanquiazul en cuanto a dichos temas.

“Creo que no es sorpresa que habrá resistencia, pero independientemente de quienes hayan votado por los que ocuparán una curul estatal, (las y los legisladores) están ahí para representar a sus distritos y a la ciudadanía yucateca, incluyendo a la comunidad LGBTTTI”, señaló.

Aclaró que el voto a favor de esta fracción partidista no es necesariamente uno de confianza en este tema en particular, pues mucha gente tuvo en cuenta otros factores, como el rechazo a las políticas emanadas del gobierno federal, al emitir el sufragio. Esto no significa, añadió, que estén a favor de políticas anti derechos.

“Tienen que recordar (a las y los diputados) que no están ahí nada más para representar ciertos intereses. De nuestra parte estamos abiertos al diálogo para construir, pero si no existe la voluntad de reconocer nuestros derechos, se van a encontrar con una resistencia a la medida de su oposición”, advirtió.

Adelantó que los colectivos no esperan que la próxima legislatura abandere la iniciativa del matrimonio igualitario; pero recordó que el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán -al que pertenece- promovió cuatro amparos en contra de la anterior Legislatura por haber votado negativamente esta propuesta, “en secreto y de forma ilegal”.

De esos cuatro amparos, tres se encuentran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo que significa que será la nueva legislatura la que tendrá que acatar lo que sentencie ese tribunal.

“Entonces, o le buscan cómo fingir demencia con lo que diga la Suprema Corte y entran en desacato, para lo que tomaremos medidas jurídicas; o tendrán que lavarse las manos ante sus partidos y obedecer el dictamen. Están atados de manos”, destacó.

Alex Orué reiteró que, estén o no a favor, el del matrimonio igualitario “es ya un tema resuelto”; y recordó que Yucatán está en deuda con un amplio sector de la ciudadanía. Pese a que no hay fecha para que la SCJN emita su dictamen, se espera que sea este mismo año.

En ese sentido, el activista exhortó a la nueva legislación a respetar la ley -a diferencia de la anterior- pues “es lamentable que se tenga que exigir a quienes nos representan que cumplan con su labor. Que se reconozcan los derechos humanos, sin distinción de preferencias”, concluyó.

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Trabajo fuerte y descentralizado al interior del estado

Por su parte, Carlos Vázquez, director de Juventud Activa en Comunidad (JAC) -asociación vallisoletana- coincidió en que la disparidad en el Congreso yucateco implicará un trabajo más fuerte para las y los defensores de los derechos humanos en el interior del estado, así como un nivel de exigencia más alto, pues será un partido conservador el que domine el pleno.

“Realmente sí habrá una lucha más constante, con mayor fuerza, porque vamos a exigirlo (el matrimonio igualitario). Como mencionamos en la agenda que hemos presentado con las y los candidatos. Los derechos humanos no se someten a votación ni a consulta”, precisó.

Aseguró que estarán al pendiente, en el caso de Valladolid, de los compromisos que firmó el alcalde electo, entre ellos el crear el Consejo municipal contra la discriminación hacia las personas LGBTTTI.

Carlos Vázquez recordó que la asociación que representa tuvo un acercamiento con las candidaturas durante el proceso electoral a fin de presentar una agenda en materia legislativa hacia la diversidad sexual, la cual se construyó entre diferentes colectivos de la entidad.

“Reconocemos que en el estado no tenemos ningún derecho en materia legislativa. Por ejemplo, la iniciativa del matrimonio igualitario que fue rechazada hace dos años”.

Entonces, dijo, hace falta mucho trabajo; y también mencionó la necesidad de descentralizar las cúpulas del activismo LGBTTTI, “no sólo en las cabeceras municipales, sino también trabajar desde las comunidades y comisarías”, sentenció.

“Desde una mirada y un enfoque interseccional, las personas LGBTTTI estamos en distintos espacios, no solo en las cabeceras. Hay personas jóvenes, con discapacidad, de comunidades indígenas y afrodescendientes”, aclaró.

En ese sentido, el activista Carlos Vázquez reiteró que hace falta un trabajo descentralizado por los derechos humanos de todas las poblaciones en sus respectivos contextos, así como reconocer la interseccionalidad que tienen las personas pertenecientes a la diversidad sexual.

Edición: Laura Espejo