Yucatán obtuvo una calificación de 7.48 -de 10- en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El estudio reveló que en los centros penitenciarios del estado existen deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, al igual que fallas en la atención a mujeres y personas con discapacidad.
Durante el 2020, en el estado se presentaron un total de 48 casos de Covid-19 en los centros penitenciarios, de los cuales 45 se recuperaron y tres fallecieron; en este tema la entidad ocupa el séptimo lugar, Chihuahua obtuvo el primero con 129 contagios.
De los casos confirmados, 24 casos se presentaron en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, 11 en el de Valladolid y 11 en Tekax; mientras que las 3 defunciones se registraron en la cárcel de la capital yucateca.
A su vez, el reporte detalló que en el estado sólo se generó un incidente en las cárceles, se trató de una riña. En todo el país fueron 622, de los cuales 169 se dieron en el Estado de México,134 en Michoacán y 62 en Nuevo León.
El organismo recibió en el 2020, 25 quejas de las prisiones de Yucatán, principalmente en temas relacionados con atención médica, motivos diversos, amenazas, golpes, lesiones, condiciones de vida, entre otros.
Por otro lado, el Centro de Reinserción Social de Valladolid se encuentra dentro de los 30 centros estatales visitados que cuentan con deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas. También, está dentro de los 20 que tienen fallas en la atención a personas con discapacidad.
Para la realización de este diagnóstico anual, el personal de la CNDH visitó 113 penales estatales, federales y militares, con el fin de verificar las condiciones de estancia digna, reinserción social, adecuada atención y derecho a la salud en esos espacios.
Como objetivo específico, en 2020 se buscó verificar las medidas que el sistema penitenciario aplicó para contener la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) y proteger los derechos humanos a la salud, a la integridad personal y, por tanto, a la vida de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario.
De acuerdo con la escala de evaluación, Yucatán se encuentra en color amarillo, el cual abarca de las calificaciones de 6 a 7.9, el color rojo es de 0 a 5.9 y verde de 8 a 10. En específico, el Cereso de Mérida tiene una calificación de 7.86 y el de Valladolid, 7.11.
Centro de Reinserción Social de Mérida
El diagnóstico de la CNDH determinó que en el Cereso de Mérida existen:
Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior; así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia y falta de separación entre procesados y sentenciados.
También se observó una apropiada atención en los siguientes temas: Distribución de personas privadas de la libertad, número de personas privadas de la libertad en relación con la capacidad del centro, separación entre hombres y mujeres.
En cuanto a aspectos que garantizan una estancia digna, el organismo detectó que existen condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores, condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica y condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas; así como existencia y capacidad de áreas necesarias para el funcionamiento del centro.
Sobre la reinserción social, de acuerdo con la investigación, se cuenta con atención a personas que viven con VIH/SIDA, programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Centro de Reinserción Social de Valladolid
Durante la supervisión, la CNDH detectó deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Asimismo, una deficiente separación entre procesados y sentenciados, una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas y falta de actividades educativas.
A su vez, una deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas, problemas en la atención a personas con discapacidad. E insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Sin embargo, se observó una apropiada atención en la distribución de personas privadas de la libertad, número de personas privadas de la libertad en relación con la capacidad del centro. Y supervisión del funcionamiento por parte del titular.
El espacio cuenta con condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica, en los talleres y/o áreas deportivas; también se pudo comprobar una inexistencia de actividades ilícitas y de cobros (extorsión y/o sobornos).
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