Luego de que mujeres feministas, entre académicas, activistas y representantes de organizaciones civiles interpusieran un amparo ante el Poder Judicial de la Federación y denunciaran violencia institucional por parte del gobernador Mauricio Vila Dosal por nombrar a María Cristina Castillo como titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), recibieron una negativa, pero ellas anunciaron que continuarán en la lucha y exigencias de mejores condiciones para este sector de la sociedad.
“Perdimos un inning, pero el juego no ha concluido”, indicaron a propósito de la negativa de amparo.
El amparo fue interpuesto el pasado el 23 de junio por integrantes del Frente por los Derechos de las Mujeres y acudieron a los juzgados federales, sin embargo, no avanzó este trámite.
De esta manera, dejaron claro que no significa que como ciudadanía dejen de luchar por la construcción de la justicia para las mujeres de Yucatán.
“El Frente por los Derechos de las Mujeres continuará el proceso y optará por el recurso de queja tal como concede la ley, el cual va de acuerdo con el Artículo 97, fracción I, inciso A de la Ley de Amparo”, informaron vía comunicado.
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Reiteraron de esta manera que las mujeres en Yucatán necesitan de esta lucha para vivir libres de la violencia.
“Es así que continuaremos por los cauces legales y manifestaciones pacíficas buscando que se cumpla con la Ley de la Secretaría de las Mujeres en cuanto al perfil necesario que debe tener su titular”, reiteraron.
De igual manera, dejaron claro que con estas acciones, el gobierno del estado violenta los derechos humanos de las mujeres, contrario al modelo que se compromete en el discurso con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP), de un Gobierno Abierto que reconoce la gobernanza democrática y la activa participación de la ciudadanía en el ejercicio del diseño de políticas públicas hacia la igualdad sustantiva.
Hicieron hincapié, vía comunicado, que actualmente hay falta de perspectiva al momento de impartir justicia a favor de las mujeres en el estado.
De acuerdo con la académica y activista Gina Villagómez Valdés, el amparo fue interpuesto como un mecanismo jurídico que permite a las ciudadanas defenderse de las decisiones del Gobierno cuando se establecen decisiones que contravienen la ley.
En este caso, indicaron que se contraviene la ley porque en la reglamentación de la Semujeres se establece que debe estar a cargo de la dependencia una persona con el perfil adecuado.
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