La jueza de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Diana Yadira Garrido Colonia, resolvió vincular a proceso a 11 personas por el delito de cohecho, debido a presuntos delitos ocurridos en 2016 en Progreso. Los imputados son ex regidores del Cabildo de ese municipio, encabezados por el ex alcalde, José Isabel Cortés Góngora.
Cabe recordar, que el pasado 8 de julio, en una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Progreso y presidida por Garrido Colonia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputó a estas 11 personas por el citado delito.
De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con base en las investigaciones de la Fiscalía, durante el proceso de entrega recepción de la administración municipal saliente (2015-2018) y la entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto a diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa.
De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, según se detalla, aproximadamente a las 23 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de sesiones y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110 mil pesos en efectivo “para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial”.
La juzgadora determinó dicha resolución derivado de lo expuesto este 12 de julio por las partes en audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Progreso, dando por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para dictar el auto de vinculación por el mencionado delito.
El auto de vinculación permite, de acuerdo con la ley, continuar el proceso y la investigación del caso por parte de la Fiscalía.
Luego de emitir su resolución, la Jueza de Control Garrido Colonia abrió el debate correspondiente para la imposición de las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del estado de Yucatán. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de cuatro meses para continuar su investigación complementaria.
Edición: Ana Ordaz
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