La expansión urbana sin control de la ciudad de Mérida ha generado diversos costos económicos, sociales y ambientales, además de problemas del medio ambiente y desigualdad; “el modelo actual no es sostenible financieramente a largo plazo”, revela el informe El costo de la expansión urbana en México, que realizó la Coalición por la Transformación Urbana en México junto al Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por su sigla en inglés).
La investigación analiza el costo de la expansión urbana periférica en ocho áreas metropolitanas: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Reynosa, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán y recomienda principios básicos a considerar para avanzar hacia una planificación respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y en la que se maximiza el potencial económico urbano.
Luego de analizar varios indicadores, el documento evidencia que el modelo actual de desarrollo urbano en estas ciudades no es financieramente viable a largo plazo por la insuficiente recaudación municipal y por los mayores costos de desplazamiento y provisión de servicios en ciudades con mayor dispersión y vulnerabilidad ante el cambio climático.
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El informe revela que las ciudades mexicanas, dentro las que se encuentra Mérida, se enfrentan a varios retos que obstaculizan su transformación hacia un modelo urbano compacto, conectado, coordinado, limpio y equitativo: la expansión urbana sin control, las emisiones de contaminantes y la desigualdad en el acceso al empleo y al equipamiento urbano.
“La expansión urbana en los últimos veinte años se ha verificado de forma más acusada en ciudades intermedias, especialmente en las localidades rurales de las zonas metropolitanas, con crecimientos cuatro veces superior que el de las localidades urbanas de esas ciudades”, subraya.
A su vez, según la investigación, la expansión ha traído aparejado incremento en las emisiones de contaminantes atmosféricos – principalmente partículas PM10 y PM25– y gases de efecto invernadero, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas.
La desigualdad urbana es la norma
Aunado a esto, las nuevas periferias urbanas son espacios de segregación socioespacial, con escasas oportunidades de empleo informal y con un acceso deficiente a los satisfactores urbanos que mejoran la calidad de vida: empleo formal, equipamiento urbano básico y espacio público.
“Las ciudades mexicanas están polarizadas: la población de mayores recursos concentra el acceso a los satisfactores urbanos y la más desfavorecida está privada de gran parte de estas opciones”, sentencia el documento.
Uno de los retos que enfrenta esta expansión es proporcionar un espacio que garantice el acceso a los beneficios que proporciona la ciudad y que mejore la calidad de vida de la población; sin embargo, esto no se cumple, según el reporte, la población más vulnerable se ve forzada a vivir en las periferias urbanas, con un acceso deficiente, o inexistente a las fuentes de empleo, a los equipamientos urbanos básicos y a medios de transporte público de calidad.
“La desigualdad urbana es la norma. Las insuficientes capacidades institucionales de muchos gobiernos locales, los bajos recursos propios y las asimetrías en la negociación entre actores públicos y privados, entre otros aspectos, limitan frecuentemente la capacidad de la acción pública para revertir este modelo”.ç
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Costo de la expansión
Además de impactos negativos al medio ambiente, de acuerdo con el informe, la expansión urbana, tiene un costo económico. En la mayoría de las ciudades, salvo Culiacán, Mérida y el Valle de México, la urbanización de la infraestructura vial de los desarrollos habitacionales de baja densidad impacta mayormente en el costo de construcción de la vivienda, por lo que se sugiere apostar por modelos urbanos más densos.
De igual forma, el análisis del componente de emisiones revela que la menor tecnificación de las viviendas puede acarrear el uso de mayores volúmenes de material y, por tanto, incrementar el costo en este componente.
De acuerdo con la investigación, la suma de los costos de provisión de los servicios urbanos básicos y el gasto de desplazamiento de las familias suponen anualmente más del un por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
En 2050, la mitad de las ciudades analizadas requerirían incrementar su gasto municipal del 48 al 244 por ciento para mantener el mismo gasto actual por vivienda en la provisión de servicios públicos urbanos.
Además, señala que la localización de las nuevas viviendas en zonas consolidadas cercanas a fuentes de empleo supondría un ahorro conjunto promedio de 5.6 por ciento en gastos de desplazamiento, respecto de un escenario de continuidad del modelo actual.
Por otro lado, la densificación de periferias lejanas que no se acompañe de políticas de localización puede reducir el costo total de la expansión urbana en algunas ciudades, pero no en todas, sin embargo, en este escenario las familias incurren en mayores costos anuales de desplazamiento, lo que afecta a los grupos más vulnerables.
“Las políticas de densificación y de localización no deben implementarse de forma aislada, sino conjuntamente para maximizar sus beneficios y de acuerdo con el contexto particular de cada ciudad”, se detalla en el análisis.
Éstas se tienen que crear en un contexto de corresponsabilidad en la planeación de todos los órdenes de gobierno. “Por ello deben desarrollarse instrumentos de planeación consensuados entre gobiernos y ciudadanía que sean eficientes, transparentes, democráticos y que regulen el futuro crecimiento sostenible de la ciudad”.
El análisis hace hincapié en que la planeación urbana debe ser una responsabilidad de todos los órdenes de gobierno y, por ello, debe propiciarse el desarrollo de instrumentos de planeación transversal que permitan dirigir la inversión pública. Fomentando una planeación integral, respetuosa con el medio ambiente, inclusiva y en la cual se desarrolla el potencial económico de las ciudades.
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