Campañas de desinformación afectaron la consulta popular: activistas

Si bien, la Consulta Popular fue un ejercicio histórico de participación ciudadana, también generaron campañas de desinformación que confundieron a la población, impactando considerablemente en el nivel de participación de la ciudadanía, manifestaron Kalycho Escoffié, activista de Yucatán, y las agrupaciones Elementa DDHH, Justicia Transicional en México.

“Sus distintas interpretaciones, tanto de la sociedad como de los tres poderes de gobierno, generó incertidumbre y desconfianza en varios grupos de víctimas que llevan años exigiendo políticas de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a derechos humanos que han sufrido en distintos contextos y períodos” señalaron.

A casi una semana de que se llevó a cabo este ejercicio democrático, luego de dar seguimiento al proceso de organización, definición de la Consulta y observar los resultados -así como las declaraciones del gobierno federal, del Poder Legislativo-, organizaciones civiles y activistas que luchan por los derechos humanos externaron sus reflexiones sobre este proceso ciudadano. 

Prevención de la desinformación

Para las agrupaciones, el Instituto Electoral Nacional (INE) debió solicitar el retiro de campañas con publicidad engañosa sobre la consulta; en especial a partidos políticos e instituciones que se sumaron a dicha desinformación, señalaron.

"La Constitución Política señala que el INE es el encargado de promover la participación de los ciudadanos en las consultas populares, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada”, subrayaron.

Consideraron desafortunados los comentarios provenientes de grupos de oposición que señalan que la consulta popular fue un ejercicio sin valor, tan solo un capricho del presidente, o que fue un fracaso. “Este ejercicio democrático fue también solicitado por un grupo de personas que reunió la cantidad de firmas necesarias para activar el mecanismo de Consulta Popular. Esta herramienta de democracia directa permite que la ciudadanía podamos ser consultadas en temas de relevancia nacional. Lo que para algunas personas es innecesario consultar para otras no lo será”, externaron.

Este ejercicio no puede considerarse un fracaso en sí mismo si no alcanzó 40 por cierto, menos si este se dio en medio de dos campañas de polarización y desinformación, remataron.

Las víctimas deben ser el eje

De acuerdo con las asociaciones civiles, los procesos de participación ciudadana que busquen impulsar políticas de verdad, justicia y reparación en México deben incorporar como eje del debate a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. “Siempre se debe tomar en cuenta que éstas no son un grupo homogéneo y que la diversidad de las mismas implica un profundo proceso de escucha de sus distintas posiciones y exigencias”, precisaron.

Además, para evitar confusión entre la ciudadanía, indicaron que futuros ejercicios de participación deben dar claridad sobre los qué, cómo y quiénes del diseño de mecanismos extraordinarios y evitar la utilización de estos mecanismos con fines partidistas

A su vez, añadieron, requieren procesos pedagógicos honestos desde el estado y los actores involucrados que brinden a la ciudadanía conocimiento sobre las medidas extraordinarias posibles en favor de las víctimas.

Presupuesto

En cuanto al tema del gasto que se destinó, hicieron hincapié en que este tipo de procesos deben realizarse con un presupuesto adecuado; por lo que se le debe dotar al INE de los recursos necesarios para poder garantizar que las consultas se realicen de manera segura y eficaz.

Para la consulta, detallaron, el INE sólo contó con un presupuesto de 528 millones de pesos de los 1499 millones solicitados de manera extraordinaria en octubre de 2020 al Congreso de la Unión. “Encontramos desafortunadas las declaraciones tanto de las personas que señalan que no se requería dinero pues sólo es cuestión de voluntad, como aquellas voces que infieren que era un gasto innecesario que se pudiera haber ejercido en otras cosas”, manifestaron. La participación ciudadana es un derecho en el cual la sociedad debe exigir le sean dados los recursos necesarios, así como es obligación de las instituciones dotarlos, agregaron.

El papel como organizaciones de la sociedad

“Después de la celebración de la Consulta Popular, como organizaciones de la sociedad civil, reflexionamos sobre nuestro papel en este tipo de procesos, el cual consideramos que debe posicionar narrativas informadas sobre los mecanismos extraordinarios en materia de verdad, justicia y reparación”, externaron.

A su vez, señalaron que es fundamental participar activamente en el proceso de escucha de los diferentes puntos y movimientos de víctimas y sobre el mejor acuerdo posible que atiendan las necesidades de éstas, aterricen en el entendimiento de lo que ha sucedido y sucede en tiempo real en nuestro país, permitan el diseño de implementación de políticas públicas efectivas y un verdadero proceso de reconciliación.

Por último, independientemente de que las irregularidades documentadas y reportadas por distintas personas que acudieron a votar no modificarían el resultado de la consulta, recalcaron que es indispensable que el INE atienda los casos en los que se señalaron presuntas irregularidades que han generado desconfianza de algunos sectores sobre la imparcialidad. “Aún terminado el proceso, debe investigarse, deslindar responsabilidades y adoptar medidas para evitar su repetición”, concluyeron.

Edición: Laura Espejo