Yucatán y Quintana Roo se encuentran entre los 11 estados del país con mayor impunidad administrativa en sus fiscalías y procuradurías estatales, con índices del 79.61 y 84. 2 por ciento, respectivamente, según revela la investigación La impunidad administrativa en México: la ineficiencia del sistema que genera impunidad, que realizaron “Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública” del Tec de Monterrey.
Campeche no figura en esta lista, pues no proporcionó la información adecuada para el estudio, explicaron los organizadores.
Esto quiere decir que, de cada 100 denuncias en contra de funcionarios de la Fiscalía General de Yucatán, por alguna irregularidad, falta o acto de corrupción, se sancionan sólo a 20 personas, indicó Darío Ángeles González, investigador de Impunidad Cero y autor del trabajo. “Hay un problema fuerte en la eficacia de la solución”, remató.
El estudio analiza los sistemas de responsabilidad administrativa de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de las fiscalías de todos los estados del país y del gobierno federal (en total 132 instituciones públicas), con el fin de observar cómo están sancionando las irregularidades de sus funcionarios.
De acuerdo con el análisis, las fiscalías estatales con mayor impunidad administrativa son Aguascalientes y Baja California, con 93.6 y 93.2 por ciento, respectivamente; mientras que las que tienen menor índice son Tlaxcala y Querétaro, con -87.5 y 0.9 por ciento, cada una.
“La impunidad por la falta de sanciones administrativas es aquella que se presenta cuando el Estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivado del desempeño de su cargo”, explica el documento.
Cabe destacar que en el estudio no se pudo analizar el nivel de impunidad de los poderes Ejecutivo y judicial de Yucatán, pues estos organismos no proporcionaron la información adecuada o era errónea, pero no se trata de un problema de ocultar datos, según explicó Ángeles González.
La investigación señala que de 2014 a 2019 se han hecho 150 denuncias y 566 quejas en contra de la Fiscalía del estado. Sólo en 2019 se registraron 25 denuncias y 132 quejas.
Sin embargo, pese al número de denuncias y quejas, de 2014 a 2019 sólo se han iniciado 54 expedientes para imponer responsabilidades administrativas a servidores públicos y únicamente alrededor del 20 por ciento de los expedientes fueron concluidos con resolución definitiva que determinó la existencia de responsabilidad administrativa.
Las principales denuncias en esta dependencia, según evidencia el informe, son respuestas genéricas, irregularidades en integración de investigación, demora en el cumplimiento de sus funciones, así como violaciones a los Derechos Humanos, uso indebido de bienes públicos, abandono de labores, cohecho, abuso de autoridad, actos de corrupción, amenazas, entre otras.
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