Muerte de José Eduardo evidencia la falta de política para proteger DH

No se trata de un hecho aislado, como declaró el alcalde de Mérida: Renata Demichelis
Foto: Cecilia Abreu

El reciente asesinato de José Eduardo, originario de Veracruz, a manos de la policía de Mérida pone en evidencia que en el estado hace falta una política que proteja los derechos humanos, además de la discriminación y xenofobia que prevalece en la entidad, indicó Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH. 

La activista indicó que no se trata de un hecho aislado, como declaró el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha en un vídeo, sino de un patrón que se ha repetido durante años entre los cuerpos policiacos, sin que se reconozca, ni se atienda el problema.

“Las detenciones arbitrarias que se han documentado tiene como eje central el tema de la discriminación” manifestó.

 

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Elementa, que tiene presencia a nivel nacional, junto a agrupaciones locales ha documentado las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en Yucatán.

El caso de José Eduardo llega una vez más, a enseñarnos como las violaciones a los derechos humanos en realidad en Yucatán están completamente invisibilizadas, con un discurso de negación y revictimización”, manifestó.

Hasta el mes de noviembre de este 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) documentó por lo menos 10 fallecimientos bajo la custodia de policías, de los cuales, seis corresponden a corporaciones municipales y cuatro a la policía estatal.

En el año de 2018, se registraron ocho fallecimientos, siete bajo la responsabilidad de autoridades municipales y uno de estatales. En 2019, fueron cuatro casos, tres bajo la tutela de policías municipales y uno de la autoridad estatal.

Esto, según comentó Demichelis Ávila, demuestra que las policías son reincidentes.

Además, relató, evidencia una falta de política estatal en materia de derechos humanos: Yucatán es uno de los pocos estados que no tiene programas enfocados en este tema, que permitan prevenir y reconocer estos casos; como consecuencia, estos hechos continúan ocurriendo. 

Otro aspecto que refleja el caso de José es el tema de la discriminación que impera en la entidad, sobre todo por su orientación sexual. Aunque él no se identificaba como parte de la comunidad LGBTTTI, hubo una percepción por parte del personal del Hospital General Agustín O’Horán.

Junto a esto, demostró la xenofobia que persiste; una discriminación en contra de personas que llegaron al estado a vivir, provenientes de otras partes y que ha aumentado por el discurso del “estado más seguro del país”.

Ante esta situación, Renata Demichelis consideró que primero las autoridades deben reconocer que en materia de violencia policial existe un problema de  violaciones a los derechos humanos, actos reiterativos y como una problemática real al interior de las fuerzas de seguridad que debe atenderse; dejar la negativa de llamar “las cosas por su nombre”.

También, agregó que debe haber un diseño de políticas estatales enfocado en derechos humanos. “La violencia policial toca todo estos temas que son más profundos y que tiene sus propios motivos y soluciones”, manifestó. 

Además, hizo hincapié en que estos caso se deben investigar como casos de tortura, asesinatos a manos de los elementos policiacos; no ignorar cómo sucedieron estos hechos. 

Asimismo, reconoció que insistir que estas agresiones son casos aislados, es demeritar esta problemática que evidentemente es constante, a la par que se revictimizan a las personas que han sufrido abusos y han sido asesinadas.  

“Se invierte muchos recursos en la policía, sin embargo son quienes más reinciden en las violaciones a los derechos humanos y en los últimos años acumulan más quejas ante la Codhey”, manifestó.

No obstante, consideró que, las autoridades estatales y municipales no atienden como debería, porque “no quieren asumir los costos que llegan con el reconocimiento de que sí están ocurriendo estas violaciones a los derechos humanos”, sentenció.

Respecto a la Codhey, la especialista opinó que “no parece ser un actor que realmente procure la defensa de los derechos humanos de las personas en Yucatán; el estado no tiene un órgano que le haga contrapeso y eso se ve reflejado en no hacer nada”, concluyó.

 

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Edición: Laura Espejo


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