De acuerdo con información judicial y del Banco Santander, las cuentas bancarias del ayuntamiento de Mérida serán embargadas por Santander este miércoles 25 de agosto, luego de que a las 17 horas venza el plazo para que la autoridad de esta ciudad liquide una deuda por 588 millones de pesos, que data del 2011, solicitada para cambiar alumbrado público.
Según la orden 84/2021- EXH-CIVIL, en caso de no realizarse el pago total del adeudo, o bien, no llegar a un acuerdo previo, procederán a las acciones legales correspondientes.
Sin embargo, el ayuntamiento de Mérida, a través de un comunicado, indicó que nunca se han negado a pagar; señaló que desde el 24 enero de 2019 presentaron ante el Juzgado Tercero de Distrito de la Ciudad de México, donde se lleva el proceso, un plan de pagos que “fue ignorado por dicha autoridad”.
El ayuntamiento de Mérida “hará valer todos los medios legales a su alcance, sin permitir que intereses particulares estén por encima del interés colectivo”, aseguró.
Además, señaló que la defensa del patrimonio y los intereses de los meridanos siempre ha sido y será el factor primordial en cualquier acción que emprenda la dependencia en apego al estricto cumplimiento de las leyes.
En su comunicado, el municipio aseguró que nunca se han negado a cumplir con las obligaciones del pago del adeudo con el banco Santander, derivado de actos realizados en administraciones distintas a las del partido que está al frente ahora, según explicaron.
“Apegados a lo que marca la ley en estos casos y para evitar posibles afectaciones en los servicios que el municipio debe prestar a sus ciudadanos, desde el 24 enero de 2019 presentamos ante Juzgado 3o. de Distrito de la Ciudad de México, donde se lleva el proceso, un plan de pagos que fue ignorado por dicha autoridad”.
Por lo tanto, detallaron que el 11 de agosto pasado el municipio lo presentó de nuevo, incluso actualizado; sin embargo, de nuevo y “por motivos que desconocemos, no hubo resolución sobre el plan de pagos”, expresaron.
De acuerdo con el municipio, la ley establece que cuando un ente de gobierno como el municipio de Mérida tiene que cumplir órdenes judiciales para pagar alguna cantidad, se debe cuidar no afectar su presupuesto que está destinado a prestar servicios a los ciudadanos.
“Queremos ratificar ante todas y todos los meridanos que nosotros hemos cumplido con el puntual y legal seguimiento del caso y que defenderemos el patrimonio ciudadano. No permitiremos que este patrimonio quede sujeto a intereses ajenos al bienestar común”, externaron.
Entonces, afirman que con el seguimiento y la presentación de un plan de pagos para cumplir con el pago de la deuda, “el ayuntamiento de Mérida demuestra su disposición para cumplir sus obligaciones y a la vez no causar afectaciones a los ciudadanos a quienes tiene la obligación constitucional de prestar servicios públicos”.
“El municipio de Mérida siempre acatará aquellas decisiones que, apegadas a derecho, permitan por una parte cumplir sus obligaciones legales y constitucionales, y por la otra acatar los fallos o resoluciones judiciales que es lo que se ha hecho al presentar el programa de pagos al tribunal mencionado”, subrayaron.
En marzo de 2011 el ayuntamiento de Mérida firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias con la empresa AB&C Leasing, la cual transfirió los derechos de cobro de ese arrendamiento a Santander México.
Tras el cambio de administración en 2011, Mérida notificó al banco que no cubriría las cuotas del contrato, debido a que el cabildo de la entidad no había autorizado la transmisión de derechos y desde ese entonces comenzaron una serie de litigios entre ambas partes.
En 2014, Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito en materia civil de la Ciudad de México, emitió la condena al municipio de Mérida a pagar el adeudo al banco.
En 2017, por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final a la disputa entre la comuna meridana y AB&C Leasing de México, al desechar dos amparos directos promovidos por el entonces ex alcalde Renán Barrera Concha y el ayuntamiento de Mérida, por lo que ahora tendrían que ser cubiertos los millones de pesos que reclama la empresa a través de Banco Santander.
Al conocer la sentencia, Barrera Concha, quien fue el responsable de cancelar el contrato adquirido por la ahora senadora Angélica Araujo Lara, al sucederla en el cargo, afirmó a La Jornada Maya que con el fallo “perdió Mérida y los meridanos, ganó la corrupción y la impunidad”.
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