Presentan informe sobre consulta de granjas porcícolas en Yucatán

Article 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentaron el Informe de la Misión de observación del proceso de autoconsulta sobre megagranjas de cerdos en Yucatán; respaldan el proceso de las comunidades mayas que luchan por su derecho a la autoconsulta indígena, la autonomía y libre determinación en esta entidad.

Asimismo, consideraron que este proceso de consulta autogestionada reflejó un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos, pese a un contexto adverso por la polarización social, así como la pandemia, misma que debe ser respetada tanto por el estado como por las empresas.

El pasado 25 de julio de 2021, las comunidades mayas de Kinchil, San Fernando (Maxcanú) y Celestún, ejercieron su libre ejercicio de autonomía y determinación como pueblos indígenas, y convocaron a la celebración de una autoconsulta para discutir y decidir sobre la presencia y continuidad de labores de  las empresas porcícolas que trabajan en la zona.

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En Celestún 983 personas votaron que no y siete que sí; en Kinchil la decisión favoreció a las granjas, pues 576 votaron por el “sí”, 423 por el “no” y hubo 10 votos nulos, mientras que en San Fernando 59 dijeron que no quieren que continúe operaciones y 58 manifestaron su acuerdo con los establecimientos, ésta fue la votación más cerrada y tensa de las tres jornadas.

Entre las observaciones que documentaron las agrupaciones en Kinchil, destacaron que entre la etapa informativa y la etapa consultiva denunciaron algunos actos que vulneran el derecho a la libre participación. El día de la consulta, se observaron personas vinculadas a la empresa que parecían anotar quiénes votaban y que hicieron intentos por ver el sentido de los votos. 

A pesar de no constituir agresiones, las organizaciones indicaron que esto generó un entorno no propicio para el voto libre de las personas, más aún en una comunidad en la que tiene tanta presencia la empresa, pues se trata de una de las principales fuentes de ingresos de la población. 

Por eso denuncian estos actos de hostigamiento que interfieren en el libre desarrollo del ejercicio de autoconsulta. 

Al finalizar la etapa consultiva algunas personas del pueblo presentaron mantas a favor de la granja y en contra de organizaciones de la sociedad civil y de los miembros organizadores de la consulta.

En su informe detallan que algunas de las personas que acudieron mostraban preocupación por quedarse sin una de las principales fuentes de empleo, sobre todo ante las pocas condiciones de apoyo por parte del estado, agravadas con la pandemia. 

Además, pese a reconocer que han escuchado información sobre la empresa como fuente de contaminación, asumen que también ellos en lo individual contaminan, sin tener claridad de los impactos ambientales de una megagranja porcina.

En el caso de Celestún, precisaron que en la parte consultiva, la mayoría de las personas que participaron refirieron haber participado en la jornada informativa y tenían una postura clara respecto a la necesidad de proteger el medio ambiente de las consecuencias que puede tener en particular en el agua la industria porcina. 

En esta comunidad, detallaron que no se presentaron incidentes ni afectaciones al espacio público durante la consulta, tampoco se observó presencia de otros actores como la empresa (considerando que no tienen actividad directa en la comunidad) ni autoridades. 

El conteo de los votos se realizó a las 16 horas, mostrando una clara decisión por no otorgar permiso a la industria porcina para trabajar en su territorio

En San Fernando, indicaron que el espacio cívico se vio limitado de varias formas. Primero, por un clima de tensión que se dio después de los sucesos que tuvieron lugar en la semana de la fase informativa a la consultiva, incluyendo las amenazas contra una persona organizadora de la consulta, de acuerdo a testimonio recabado el día de la votación en vídeo. 

A pesar de que no se suscitaron incidentes graves, "el ambiente fue tenso desde el principio de la consulta en donde estuvieron presentes varias personas de la comunidad que se encontraban alcoholizadas”, de acuerdo con el testimonio. 

En la consulta estuvieron presentes policías municipales, quienes realizaron algunos rondas y se acercaron a la mesa de consulta para registrar los nombres de las personas que estaban realizando el ejercicio. 

De acuerdo con un testimonio anónimo, la consulta fue condicionada para los trabajadores de la empresa y sus familiares, ya que unos días antes la propia compañía convocó a una junta brindando información sobre los beneficios de los empleos generados por las granjas porcinas y condicionando de esta forma el voto. 

Recomendaciones generales 

Article 19 y el Centro Prodh hacen hincapié y un llamado tanto a las autoridades de los tres niveles, así como a la empresa, a respetar los procesos de autonomía y autodeterminación del pueblo maya y de las comunidades que llamaron a la consulta. 

Si bien, es obligación de las autoridades estatales vigilar, hacer valer y otorgar los permisos para el funcionamiento de las granjas, las empresas no se eximen de la responsabilidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas conforme a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, incluyendo la necesidad de que se proporcione información clara en referencia a los posibles. 

Asimismo, exhortan a la empresa a difundir información real y veraz con las comunidades, sobre la situación actual de los permisos, contaminantes, forma de tratamiento de aguas negras, afectaciones en el ambiente, así como a las autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales a garantizar el acceso a esta información. 

Las autoridades responsables deben evaluar la calidad del agua y monitorear los impactos de las granjas en cuestión para mantener a las comunidades informadas y garantizar en todo momento sus derechos, así como hacer disponible información relevante para las comunidades afectadas. 

Informaron que este documento ha sido enviado a las Relatorías Especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Libertad de Expresión así como al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, con el llamado a pronunciarse por el respeto a los derechos de los pueblos mayas, incluyendo el respeto a su libre autodeterminación.

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Edición: Estefanía Cardeña