Bajo la premisa “Nunca más sin nuestro permiso” habitantes de una comisaría y dos municipios de Yucatán realizaron una consulta indígena para manifestar su aprobación o rechazo respecto a la operación de granjas porcícolas industriales en sus territorios y aunque fue un proceso complejo, en dos comunidades predominó el “no” en las votaciones.
Este domingo en Kinchil, Celestún y San Fernando Maxcanú se abrieron las urnas para que los habitantes de estas demarcaciones respondieran con sí o no a la pregunta “Como pueblo ¿le das permiso al dueño de la granja para seguir trabajando en nuestro territorio?”.
En Celestún 983 personas votaron que no y siete que sí; en Kinchil la votación favoreció a las granjas, pues 576 votaron por el “sí”, 423 por el “no” y hubo 10 votos nulos, mientras que en San Fernando 59 dijeron que no quieren que continúe operaciones y 58 manifestaron su acuerdo con los establecimientos, ésta fue la votación más cerrada y tensa de las tres jornadas.
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En los tres territorios las granjas porcícolas se encuentran actualmente operando y la capacidad de cada una supera los 20 mil cerdos.
Por ello, los ciudadanos que consideran que su producción contamina y tiene efectos adversos para las comunidades exigieron que se tomara en cuenta su opinión y se organizaron para llevar a cabo la consulta.
“Las granjas están contaminando el agua que consumimos, nos pueden traer enfermedades, además de que la peste llega a nuestras casas”, destacó María Cocom, una de las organizadoras de la consulta en San Fernando, Maxcanú.
Todo el proceso fue realizado por los ciudadanos, con el respaldo de la organización defensora de los derechos humanos Indignación y el monitoreo de personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Esta consulta surge a raíz del descontento de pobladores, quienes denuncian que antes de construirse y poner en marcha las granjas no se informó a la ciudadanía sobre su origen y sus alcances. Ellos acusan que su opinión debió ser tomada en cuenta antes de que los miles de cerdos llegaran a sus territorios.
Trabajo previo
Antes de este domingo 25 de julio, se realizaron asambleas informativas en las tres comunidades. La tarea de los convocantes y del equipo de Indignación consistió en avisar a la población que se les daría información relevante sobre sus territorios.
Los días de asamblea se informó sobre el alcance de las granjas: el uso de miles de litros de agua potable para mantener operaciones cada día y los resultados de los estudios del agua de las tres demarcaciones, que señalan que los niveles de amonio y nitrato exceden los límites de lo que se considera apto para consumo, lo que quiere decir que representan un peligro por sus efectos nocivos.
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San Fernando, tensa votación
En una ex hacienda, donde habitan alrededor de 300 personas, se presentó el proceso más complejo, pues muchos de los pobladores trabajan en la granja y no estaban de acuerdo con que se realice la consulta.
“A mí la granja me da trabajo, un sueldo digno y no creo que sea verdad que contamine porque son muy limpios, no es justo que nos quieran quitar nuestros empleos”, manifestó una mujer y fue respaldada por un grupo de trabajadores.
Durante la votación, los habitantes acudieron a atestiguar que se sólo participen quienes viven en San Fernando y cuando detectaron que gente de la cabecera de Maxcanú había emitido su voto, se registró un connato de bronca entre los asistentes.
Luego de esta consulta, los resultados se presentarán ante las autoridades responsables de dar los permisos de operación.
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