Desde la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), se realizó una encuesta con un muestreo aleatorio de 300 personas yucatecas para conocer cuál es la percepción sobre la credibilidad, ética y valores que deben tener los servidores públicos al ser candidatos para el funcionariado. Con las respuestas obtenidas, concluyó que “es evidente que (las personas) consideran como requisitos importantes la ética, transparencia y los valores para quienes ocupen cargos de elección popular por designación o concurso o en el desempeño de cualquier cargo público”.
Basándose en la información recabada, la Amisy también señaló la concordancia de los encuestados sobre la necesidad de cambiar la normativa para contribuir a que cualquier persona que cuente con una investigación concluida o en proceso por denuncias de violencia, incluyendo la deuda alimentaria, no ocupe cargos públicos.
“Lo anterior fundamenta en lo esencial la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 contra la violencia desde la denuncia, entregada al H. Congreso del Estado de Yucatán el pasado 25 de noviembre del presente año”, declaró.
Entre los resultados obtenidos con esta encuesta, resaltó que 98.84 por ciento de las personas votantes consideran necesaria la transparencia, ética y responsabilidad para desempeñar cargos públicos.
97.07 por ciento señala imprescindible que los candidatos no tengan ninguna denuncia ni antecedentes por violencia para aspirar al servicio público, 98.84 por ciento opina que tampoco debe ser deudor o deudora alimentaria y ese mismo porcentaje encuentra necesario reformar las leyes para castigar a los servidores públicos del estado.
A pesar de estos datos, 31.40 por ciento continúa sin conocer la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 contra la violencia propuesta en el Congreso del Estado de Yucatán por activistas.
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