Por medio de un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA) del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) emitió su posicionamiento en contra del acoso denunciado contra compañeras de su institución.
“Nuestra posición es firme, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, acoso y abuso que afecte a nuestra comunidad estudiantil”, expusieron.
Con este pronunciamiento extendieron también su compromiso para brindar apoyo en todo lo necesario a sus compañeras víctimas de este tipo de violencia de género; mismo que iniciaron con acciones directamente hacia las autoridades del Tecnológico de Mérida para respaldar las exigencias de las mujeres que levantaron la voz.
“Nuestro mensaje ante la situación es fuerte y claro, las acciones tienen consecuencias”.
La comunidad estudiantil del CESA dijo que tendrán cero tolerancia ante la violencia en su casa de estudios y “es momento de alzar la voz y exigir un cambio”, para lo cual piden a todas y todos que rompan el silencio, contarán con su apoyo, pues su objetivo principal es protegerles, proteger su integridad y bienestar ante cualquier circunstancia.
Este comunicado fue enviado tras las protestas que vivieron las estudiantes la semana pasada, al denunciar que dentro de su escuela, habían sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte de profesores de la institución.
Ante las denuncias, desde el pasado 16 de marzo, el director del ITM, Herbert de Jesús Díaz Flores, aseguró que la institución estaría brindando un abogado a las estudiantes para que pudieran interponer sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado y, mientras eso ocurría, el profesor Iván G., acusado directamente en las protestas recibiría una suspensión.
Edición: Laura Espejo
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada