Este miércoles 6 de abril, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad reformas a diversas leyes para prevenir, atender y sancionar la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes en la entidad; con lo cual dieron el sí a la creación de la Vicefiscalía especializada en delitos de tortura y actos crueles, inhumanos y degradantes en la Fiscalía General del Estado.
El diputado Gaspar Quintal Parra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fracción que propuso la iniciativa, pidió el uso de la voz para señalar que el Congreso de Yucatán “tiene la obligación de cumplir con los más altos estándares de respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos”.
Señaló que esta iniciativa surgió luego de la agresión de la que fue víctima el joven José Eduardo Ravelo, pues incluso “culminó en una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado y al ayuntamiento de Mérida, por parte de la CNDH, por violaciones graves a los derechos humanos ante la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura en contra del joven y, presumiblemente, tuvo como consecuencia su fallecimiento”.
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Para evitar esto, dijo, se vuelve necesario cuestionar lo estipulado por medio de las normas, analizando si son viales y reconociendo criterios de racionalidad lingüística, jurídico-formal, teológica, pragmática y ética, pues abre la posibilidad de atender con prontitud y eficacia los problemas sociales.
Con reformas a la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Ley De Salud del Estado de Yucatán, todas en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, con esta aprobación, el sistema jurídico estatal deberá tener un enfoque de prevención, atención, investigación y sanción a cualquier acto que constituya estas acciones contra los derechos humanos.
La reciente aprobación, entre otros asuntos, incluye el fortalecimiento de las atribuciones a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la asistencia y atención, así como la garantía de la reparación integral a quien fuere víctima de tortura y también incrementa las atribuciones del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) que ahora deberá implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
También actualiza el Programa Especial de Atención a Víctimas, pues ahora contiene un apartado específico sobre la atención a víctimas de tortura, con atención particular a las personas privadas de la libertad.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) podrá acceder de forma inmediata a donde estén las personas privadas de la libertad para supervisar y dar cuenta de posibles violaciones a sus derechos.
Además, considerando el Protocolo de Estambul, deberán brindar servicios de peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y sicológica con perspectiva de derechos humanos para cualquier caso de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; mismos sobre los cuales las instituciones policiacas tendrán obligaciones por medio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Secretaría de Salud también será un eslabón para prevenir y atender estas acciones contra los derechos humanos, pues a partir de este decreto, contará con competencias para realizar acciones preventivas, pero también de identificación de posibles casos.
“Exigimos toda la fuerza del Estado a quienes realizan actos delictivos que amenazan nuestra seguridad”, aseveró el diputado.
Edición: Estefanía Cardeña
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