No se trata de un problema de regulación de vivienda, sino de falta de acceso de la justicia: Carla Escoffié

Carla Luisa Escoffié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, opinó que la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Yucatán además de tomar en cuenta temas inmobiliarios, debería contemplar reforzar el presupuesto al Poder Judicial para que cuenten con mayor personal y así asumir con mayor prontitud más casos; algo que no ha sucedido. 

La especialista en derecho a la vivienda expuso que no se trata de un problema de falta de regulación o de prohibición de ciertas prácticas, sino de falta de acceso a la justicia. 

El 9 de mayo, Vila Dosal envió al Congreso local una nueva iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado y diversas leyes estatales, que permitirá actualizar el marco jurídico de dicha normativa, a fin de garantizar a los ciudadanos una mayor certeza jurídica.  

“Para continuar con la modernización y el fortalecimiento de la función notarial, evitar malas prácticas, combatir la mafia inmobiliaria y los despojos ilegales, así como fortalecer la labor de los fedatarios”, detalló el comunicado de prensa emitido por el gobierno del estado. 

La iniciativa, según se explicó la especialista, busca lograr una supervisión más efectiva en las Notarías Públicas, quitando espacio a la corrupción y previniendo casos de despojo u otras anomalías, lo que resultará en un sistema con mayor seguridad, para que se puedan revisar los trámites.

Al respecto, Escoffié Duarte comentó que por un lado, el tema de las mafias inmobiliarias se sostiene principalmente en un serio rezago judicial y de la impunidad que hay detrás de varios delitos y fraudes que se cometen en torno a esta problemática. 

Subrayó que la iniciativa, a simple vista, no atiende de raíz el problema de la mafia inmobiliaria y los lotes de inversión en el estado. 

Rezago del Poder Judicial 

Por ejemplo, señaló, actualmente el Poder Judicial del estado tiene un serio rezago que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos 10 años, y que con la pandemia del Covid-19, “resultó bastante desastroso”. 

Entonces, de acuerdo con la abogada, si se quiere acabar con la impunidad frente a las mafias inmobiliarias lo que tiene que hacer es darle más presupuesto al Poder Judicial para que cuenten con mayor personal y así asumir con mayor prontitud más casos. 

Asimismo, precisó que en general en todo el país se destina muy poco recurso a los poderes judiciales locales, pero tampoco los gobiernos estatales aportan lo suficiente para priorizar el acceso a la justicia. 

Si alguien, agregó, quisiera denunciar alguna situación relacionada con las mafias inmobiliarias lo puede hacer ante la Fiscalía General del estado, pues ya existen delitos que contemplan el despojo del patrimonio de las personas por fraudes y engaños. 

Por otro lado, sobre los lotes de inversión, la activista reconoció que gran parte de los problemas que generan son los fraudes, personas que venden terrenos de los cuales no tienen derechos de la propiedad, pero el problema es el mismo; ya existe en el Código Penal local el delito del fraude que sancionan las diversas prácticas que se dan en estos engaños.

Edición: Laura Espejo