Este 31 de mayo de 2022, Yucatán, gracias a una iniciativa ciudadana, se suma a los estados que le han decidido cerrar cargos públicos y de elección para quienes ejerzan violencia de género o tengan adeudos alimentarios; de forma unánime, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó este decreto.
La diputada Vida Gómez Herrera, representante de Movimiento Ciudadano, fue quien recibió la iniciativa de activistas y, expuso que, “al inicio del análisis legislativo, partíamos de una pregunta, ¿es mucho pedir tener autoridades que no sean agresores?”.
Por eso, recordó que desde la legislación “nos toca garantizar en las leyes que los agresores sexuales, los violadores y los deudores alimenticios no lleguen a puestos de poder”.
Subrayó que todo el trayecto fue posible gracias al trabajo de abogadas, académicas y activistas que ciudadanizaron la política; “no sólo se dieron a la tarea de redactar una propuesta de iniciativa ciudadana para evitar que agresores, violadores y deudores alimenticios lleguen al poder, sino que además, han trabajado incansablemente por socializar esta propuesta, por explicarla, por evidenciar la necesidad urgente que tiene no sólo Yucatán, si no todo el país, de legislar con perspectiva de género”.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), también la diputada Carmen González Martínez tomó la tribuna: “Queremos representantes públicos dignos, no queremos ni permitiremos que servidores públicos con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso”.
Su compañera panista y presidenta de la mesa directiva, Pilar Santos Díaz, destacó que este dictamen pone como requisito tres puntos básicos: no ser deudor alimentario, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género; “bajo la premisa consistente en que los representantes y servidores públicos, deben respetar los derechos de las mujeres como un acto obligatorio y no voluntario”.
Aseguró que este paso lleva a elevar los estándares de honestidad, ética y responsabilidad pública para quien asume un cargo público, asimismo, para que la ciudadanía exija a sus representantes poniendo por encima una cultura democrática libre de violencia.
La fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la diputada Fabiola Loeza Novelo, también extendió su apoyo a esta reforma constitucional para “inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre mujeres y hombres”.
Y, aunque la legisladora reconoció que las leyes no resuelven las problemáticas sociales, apuntó que “sirven de marco de referencia, sientan bases y generan las condiciones necesarias para que eso sea posible. Apostemos pues por legislar con perspectiva de género, con el propósito de concebir normas que contribuyan a la consolidación de la igualdad sustantiva, no solamente en Yucatán sino en México”.
La legisladora Rubí Be Chan, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que “la lucha de muchas mujeres para que lleguemos más mujeres a todos los cargos públicos ha sido un gran avance”, subrayando una legislatura de mayoría mujeres, siendo representación con 14 mujeres.
“Hoy estamos poniendo un dique a la violencia institucional al legislar que , para la idoneidad de cualquier cargo público por elección, designación o concurso, deberán cumplir con el requisito de no ser agresor de mujeres, niñas y niños, lo que implica no ejercer violencia familiar, sexual ni ser deudor alimentario”.
Las modificaciones hoy aprobadas quedaron asentadas en la Constitución Política, Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Transparencia y Acceso a La Información Pública, Código de la Administración Pública y Ley de Partidos Políticos; todas del Estado de Yucatán.
Edición: Laura Espejo
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