Reforma constitucional sobre pueblos indígenas está ''atorada'': INPI

Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), indicó que la reforma constitucional sobre los pueblos originarios llevará a los territorios y recursos de las comunidades del país a un nivel de protección internacional.

Sin embargo, reconoció que esta reforma se encuentra “atorada” en la Consejería Jurídica del gobierno federal, pues no es prioridad para el gobierno federal, actualmente, ya que se están enfocando en otras reformas constitucionales, como la Electoral y la Energética.   

Por lo que indicó que es necesario que haya una organización de las comunidades indígenas y la sociedad para impulsar esta reforma.   

“Una vez que termine este ejercicio ya no hay una claridad del gobierno de México sobre qué quiere seguir impulsando... Lo que dice el presidente es que si esta reforma tiene un amplio apoyo popular y lo va a defender la gente va y lo van a impulsar, va”, manifestó.   

Si no es así, dijo que sería demasiado el capital político que “gastaría" el gobierno federal; además dijo que este proyecto enfrenta varios obstáculos de varios sectores, principalmente de los empresarios.   

El funcionario dijo lo anterior este lunes 24 de octubre, durante su participación en el seminario internacional sobre Libre Determinación, Desarrollo Sostenible y Agua en la Península de Yucatán, organizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Indignación y otras organizaciones.   

Carlos Martínez destacó que este proyecto de reforma constitucional tiene un capítulo importante que habla sobre tierra, recursos naturales y territorio donde la legislación nacional se elevaría a estándares internacionales, lo cual reconocería la relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio.   

Además, agregó, por un lado, se fortalecería la institucionalidad indígena para que puedan ejercer el control de sus territorios; protegerlos, salvaguardarlos o puedan consultar a sus asambleas y autoridades y así generar espacios de decisión para controlar la totalidad de su población.   

Hoy en día, explicó, “la legislación agraria puede reconocer en propiedad la tierra a los ejidos y comunidades, pero no la totalidad de su hábitat, lo que implica recursos del subsuelo y del paisaje, por eso la definición sería mucho más amplia y protegería más sus derechos humanos”. 

“Este reconocimiento va a fortalecer la idea de que los pueblos son los dueños originarios de esos territorios no el Estado”, manifestó.   

Reforma “atorada”  

Por otro lado, Juan Carlos Martínez indicó que para que este proyecto por fin sea discutido en algunas de las cámaras legislativas debe haber una movilización social y política que exija que se apruebe, que los pueblos creen consensos en estos temas, que promueva la discusión y opinión. “Sin la fuerza social, esta reforma sí tiene pocas probabilidades de pasar, los pueblos la tienen que impulsar”, advirtió.   

Se le preguntó si a pesar de los beneficios que tiene esta reforma, es poco probable que se haga realidad, a lo que Martínez Martínez contestó que "depende de las comunidades, no quiero decir que sea poco probable, quiero decir que la pelota está en la cancha de la Consejería Jurídica, pero también en la cancha de los pueblos, es su momento”; contestó.  

A su vez, indicó que este es un “momento histórico” para el país donde hay una recomposición de fuerzas donde hay las mejores condiciones para sacar adelante esta reforma.   

Y al finalizar, señaló que “es prioridad en la medida que el pueblo lo quiera...si hay una decisión de apoyar e impulsar a los pueblos indígenas, pero esta reforma va tocar muchos intereses. Si no hay fuerza social atrás es difícil que un gobierno se quiera contraponer con otros intereses por algo que ni siquiera los interesados apoyan”.

Edición: Laura Espejo