Colectivo vecinal obtiene amparo en contra de gasoducto en Mérida

En rueda de prensa, este martes 31 de enero, vecinos y vecinas de la colonia San Damián, Mérida, dieron a conocer que obtuvieron una sentencia favorable en el juicio de amparo, que presentaron desde 2021, en contra de diversas autoridades municipales, estatales y federales por la aprobación y ejecución del proyecto de gas gasoducto que se pretende instalar a unos metros de sus viviendas.   

La resolución determinó que las autoridades sí violaron los derechos a la información y participación; por ello, ordenó a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar un foro informativo del proyecto previo a continuarlo.  

La comunidad vecinal reitera su rechazo a este proyecto. “Seguimos en la lucha...No queremos que pase aquí el gasoducto”, manifestaron. No les preguntaron su opinión, tampoco les dieron información detallada, señalan que les mintieron, ahora temen que este tipo de infraestructura genere accidentes, como ha pasado en otras partes del país y del mundo, según han podido documentar en medios de comunicación.   

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, bajo el expediente 492/2021, emitió dicha resolución el pasado 23 de diciembre de 2022, en el cual, según explicaron, declaró que las autoridades vulneraron los derechos de la comunidad. 

Desde hace dos años, la ciudadanía de esta zona de la ciudad, en su mayoría personas adultas mayores, ha estado resistiendo y luchando en contra de este proyecto, han realizado manifestaciones, bloqueado calles e interpuesto amparos para frenar las obras; incluso conformaron el colectivo “Defensores de San Damián”.   

Incluso, indicaron que por sus movilizaciones han sido amenazados y hostigados por los trabajadores de la empresa que promueve la obra. Indicaron que las autoridades, al otorgar permisos, demostraron que velan más por los intereses particulares que del bienestar de su ciudadanía.  

“Cuando vi el movimiento salí a preguntar y me dijeron que eran del Ayuntamiento, pero no tenían ningún logotipo, ni nada, a otros vecinos les dijeron que eran de del agua potable a otros de la Comisión de Electricidad, nos engañaron”, indicó el vecino Javier Espinosa Alemán.   

De acuerdo con el activista, nadie les avisó, ninguna autoridad les preguntó si querían, sin embargo, empezaron a trabajar sin su consentimiento y por eso empezaron su lucha, primero cuestionando a las autoridades, pero sin obtener respuesta.   

“Así han pasado dos años que organizándonos hemos impedido físicamente con nuestros vehículos el trabajo de esta empresa”, expuso.    

“No hay nadie que nos proteja de algún accidente, de alguna explosión como ha pasado en muchos lados, que después ni el gobierno ni la empresa nadie se hace cargo”; subrayó.   

Mirza González, otra vecina, indicó que se han opuesto de manera sistemáticamente porque saben del peligro que representa para sus bienes e integridad física, por lo que han recibido hostigamiento con la maquinaria de los trabajadores para no evitar el avance de la obra, indicó.    

“Hay sectores donde tienen muchas casas y hay otras donde no hay nadie o hay muy pocas personas o son personas también que están enfermas y no salen a ver qué sucede ni a preguntar, y es ahí donde ellos lograron avanzar”, dijo la mujer.   

Ante este panorama, según explicó Miguel Anguas, miembro de Kanan Derechos Humanos, asesores de la comunidad, explicó que en el 2021 presentaron un amparo al Juzgado Segundo en contra del Ayuntamiento de Mérida, de Desarrollo Urbano, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente, entre otras dependencias.   

Donde piden que se emita una suspensión de las obras hasta que se acabe el juicio, el Juzgado la admite bajo el número de expediente 492/2021, pero niega la medida cautelar.   

Sin embargo, indica el abogado, interpusieron un recurso al tribunal colegiado quien revocó esta resolución y concedió la suspensión de las obras a la agrupación.   

Luego, agregó, el 23 de diciembre pasados de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito emitió una sentencia en el cual le concede el amparo favorable al colectivo, por violaciones al derecho a la información y al derecho a la participación pública en materia ambiental, además le ordena las autoridades a que abran un foro informativo para todas las personas de la zona para que las autoridades de manera coordinada les informen sobre los impactos negativos y positivos que implica este proyecto.  

No obstante, señaló que, si bien es un logro, el juzgado sólo hizo caso a ciertas exigencias de los vecinos, pues uno de los objetivos era que les informen, pero igual que les pidan el consentimiento sobre si quieren o no esta obra.  

“El juzgado únicamente ordenó una cosa en la información, entonces como colectivo y como como asociación decidimos interponer un recurso de revisión para que un tribunal colegiado analice esta sentencia y que la complete, que no solamente haga un foro informativo sino también una consulta donde les pregunte si están de acuerdo con la decisión de que el gasoducto pase por aquí”, indicó.   

Sumado a esto, la empresa emitió un recurso para evitar que se haga estos foros de información.  

Por lo pronto, están a la espera del tribunal que determinará si se hace también una consulta ciudadana o no sobre este proyecto, lo que puede durar  varios meses.

Edición: Laura Espejo