La detención de Andrea Sofía C.R. y Alexis Sebastián N.U., quienes se manifestaban en apoyo a la lucha de la comunidad maya de Sitilpech en contra de una granja porcícola, fue ilegal, determinó el juez de Control Santos May Tinal durante la audiencia realizada el sábado 25 de marzo en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).
Estas dos personas fueron aprehendidas el pasado 22 de marzo en las calles del centro de Mérida por elementos de la Policía Estatal de Investigación, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.
En diligencia aparte, la jueza Diana Garrido Colonia indicó que el arresto de Daphne y Andrew sí fue legal, por lo que la Fiscalía General del Estado de Yucatán los vincularía a proceso por los delitos de portación de armas, desobediencia y lesiones.
Sin embargo, tras las acciones del equipo jurídico, la autoridad decidió reprogramar su audiencia de vinculación para otra fecha por determinar, y como medida cautelar se les puso en libertad. Es decir, podrán continuar con el proceso en libertad, pero estarán sujetos a vigilancia policial y no podrán salir del estado de Yucatán.
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Poco antes de las 18 horas del sábado, Sofía, Sebastián, Daphne y Andrew fueron liberados del Centro de Reinserción Social de Mérida, en donde permanecieron durante tres días.
Los excarcelados fueron recibidos por sus familiares y amistades, con muestras de afecto.
Estas cuantro personas participaron el pasado martes en la protesta realizada en apoyo a la lucha del pueblo maya de Siitlpech, una comunidad que se opone a la operación de una granja porcícola a la que acusan de contaminar los recursos naturales del sitio.
Durante las dos audiencias que se llevaron a cabo este sábado las autoridades restringieron el paso a la prensa y familiares de los detenidos; elementos de la policía argumentaron que por “la pandemia” del Covid-19, no se les permitía el acceso, sin embargo más adelante autorizaron la entrada de algunos periodistas y a los familiares.
Quienes quedaron afuera, mantuvieron manifestando su apoyo con carteles en las puertas del CJOM.
Cejudi detalló el porqué de las decisiones
María Paula Balam Aguilar, directora Ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), y del equipo defensor de las personas detenidas, quien pudo ingresar a la audiencia, explicó que en el caso de Sofía y Sebastián, el juez declaró que sus detenciones fueron ilegales pues no se cumplieron con las condiciones que garanticen el derecho a la libertad necesarias que deben cumplir todas las autoridades.
Por ejemplo, los oficiales no se identificaron, no portaban uniformes de la dependencia, no presentaron órdenes de aprehensión, tampoco los vehículos estaban plenamente identificados al hacer la detención, no se les hizo una lectura de sus derechos.
Luego de las detenciones, Kanan Derechos Humanos y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad emprendieron estrategias legales en busca de su seguridad y presentación en condiciones de bienestar.
De acuerdo con las organizaciones, tres de las personas detenidas mostraban raspones, golpes y heridas perpetradas durante el proceso de detención, en el que “hubo tratos crueles en su contra”, afirmaron.
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