Yucatán aprueba el modelo de Gobierno de Coalición

El Congreso de Yucatán aprobó el sábado, en sesión extraordinaria, diversas reformas en material electoral, consiguiendo con ello el modelo de Gobierno de Coalición en la entidad, así como la creación de una defensoría por los derechos político-electorales y el fortalecimiento del al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac).

Al aprobar por mayoría reformar la Constitución Política, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de la Administración Pública y la Ley de Gobiernos de los Municipios, Gaspar Quintal Parra, de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que desde el 2014 la Federación ya contempla el modelo de Gobiernos de Coalición para permitir la toma de decisiones de forma conjunta entre diferentes partidos políticos.

“Considerando fundamental la búsqueda de consensos y la inclusión de diferentes perspectivas políticas en la toma de decisiones, pero sobre todo, garantizando que reflejen los intereses y necesidades de la sociedad y la búsqueda del bien común”, opinó.

Así, este sábado, también la entidad yucateca se sumó a este modelo de gobernabilidad, facultando al gobierno del estado y a sus ayuntamientos para crear coaliciones, las cuales les darán objetivos comunes, la proporción de cargos públicos, el mecanismo político de cumplimiento y sanciones, en su caso; así como un programa de gobierno y la agenda de modernización del marco normativo estatal donde se establezca el programa de trabajo legislativo.

Desde su visión, el Gobierno de Coalición es una pieza fundamental para un ejercicio pluralista en el poder y esto “fortalece la solvencia del gobierno para garantizar el cumplimiento de las demandas ciudadanas”.

Fortalecimiento del Iepac Yucatán

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carmen González Martín, habló sobre la reforma que modifica Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales por el fortalecimiento Iepac, señalando que “era necesario que el marco normativo legal, vaya acorde con ciertas disposiciones que establece la Constitución Política”.

Señaló que con esta reforma otorgan facultades y atribuciones con las que el Consejo General del Instituto, tales como remover de sus funciones por causas graves, a las o los consejeros electorales distritales o municipales, que por alguna razón se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la ley para poder ser removidos.

Habló también sobre la defensoría pública que aprobaron por la iniciativa de la diputada Vida Gómez Herrera, con la cual aseguró que protegen a personas de grupos vulnerados como la comunidad indígena maya, personas de la comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres que sufran algún tipo de violencia política en razón de su género, personas migrantes, entre otras.

“Ahora contarán con un órgano público que les proporcionará servicios de defensa y asesoría jurídica en materia de sus derechos políticos-electorales, así como orientación sobre el origen y alcance de esos propios derechos”, detalló. 

Sobre esto último, Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, advirtió que “todas las mujeres que hemos incursionado en política, hemos sufrido alguna forma de violencia en razón de género. Todas. Son los testimonios los que avalan esta afirmación.  En los procesos electorales, hay víctimas de violencia política en razón de género. Víctimas de las que casi nadie habla”.

Por eso, con la creación de esta defensoría, por primera vez en la historia, el estado contará con un organismo que brinde atención y acompañamiento a todas las personas que vivan violencia política por razones de género.

“Una defensoría con abogadas expertas en materia electoral, capacitadas con perspectiva de género y derechos humanos, y muy importante, abogadas mayahablantes, que acompañarán a quienes sean víctimas de este tipo de violencia”.

Lee también: Resultados electorales a detalle: Conoce el sistema de consulta del INE

Edición: Estefanía Cardeña