Integrantes del Consejo Universitario de la UADY definieron este jueves la propuesta de actualización del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexuales de la institución en atención a las solicitudes de colectivas y asociaciones civiles.
En sesión ordinaria del Vigésimo Consejo Universitario se presentaron los que serían los nuevos lineamientos del protocolo en materia de medidas de protección, tiempo de recepción de quejas y terminología.
En caso de aprobarse, el protocolo ahora establecería:
Prohibición para la persona señalada de acercarse o comunicarse con la persona quejosa.
Prohibición para la persona señalada de realizar conductas de intimidación o molestia a la persona quejosa o a personas con las que tenga relación.
Cambios de turno, grupo o de aula cuando sea pertinente o bien de apoyo académico en las actividades escolares para no afectar el rendimiento escolar.
Proporcionar seguimiento acucioso y puntual para la protección de la persona quejosa otorgada por las autoridades de la escuela, facultad o dependencia.
Valoración de las evidencias presentadas por las partes conforme a la legislación, criterios y protocolos judiciales que resulten aplicables, esto último para favorecer la protección de los derechos humanos, la perspectiva de género y la no discriminación.
Modificación del plazo establecido para la recepción de quejas, que pasaría de 12 a 18 meses posteriores a la fecha en que ocurrieron los hechos. En el caso de actos continuados, a partir de que se haya presentado el último hecho.
Sustitución en todo el documento el concepto de “menor de edad” por el de “adolescente”, a fin de respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación.
La propuesta es resultado del taller Diálogos participativos para la actualización del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se realizó de enero a mayo de 2023, y que involucró a integrantes del Consejo Universitario, alumnado, personal docente, colectivas, asociaciones civiles e instituciones gubernamentales.
El proyecto será turnado a la Comisión Permanente Legislativa para su análisis y, en su caso, aprobación.
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