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Rodrigo Medina
10/12/2024 | Mérida, Yucatán
Integrantes de comunidades mayas, representantes de organismos internacionales de protección de derechos humanos y académicos del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) UNAM, realizaron la mesa panel Nuestros derechos, Nuestro futuro ¡Ya!, donde se abordó la situación de criminalización del defensor ambiental y subcomisario ejidal Wilberth Nahuat Puc.
El caso que se trató de forma general en la mesa, fue el de la comunidad de Santa María Chi, comisaría de Mérida. Esta comunidad de apenas 500 habitantes, conviven diariamente frente a una granja porcícola perteneciente al grupo San Gerardo, cuyas instalaciones contienen 50 mil cerdos. Los habitantes acusan diversas afectaciones a la salud, que han llegado a causar muchas enfermedades a las infancias, producto de los desechos de la granja, la cual no cuenta con un manejo apropiado de sus desechos así como las credenciales de uso de suelo.
Entre los integrantes de la mesa, el subcomisario Wilberth Nahuat Puc dio testimonio de cómo es vivir cerca -a casi 15 metros de la casa más cercana- de un desarrollo industrial con estas características.
“Hemos vivido la violencaicón de nuestros derechos humanos como comunidad, por eso estamos aquí. Somos un claro ejemplo de la criminalización de este tema”, expresó.
Entre las afectaciones a la población que reclamó el comisario, además de la contaminación del aire y el mal olor, están también la deforestación y la contaminación del agua.
El padre del comisario, Wilberth Nahuat Chale, también dio testimonio de cómo fue crecer junto a una empresa que lleva en su comunidad más de 30 años.
“Vivimos encerrados en nuestra casas a causa del mal olor que es insoportable”, reclamó.
Indicó también que la producción de cerdos es tan acelerada que apenas cumplen los tres meses de vida. La empresa, que no cuenta con un planta de tratamiento de desechos apropiada, suele hacer quemas que liberan gases tóxicos.
“Mucha gente padece de sinusitis, y hasta se vuelve asma”.
En cuanto al agua, expresó que las mediciones de los niveles contaminantes superan ocho veces lo recomendado para el consumo. Este nivel de contaminación del agua ha afectado a su desempeño campesino, limitando el riego, el alimento de sus animales y el propio consumo. También recalcan que afecta de igual manera a la apicultura, la cual ya no produce los niveles de miel acostumbrados.
Actualmente, la comunidad de Santa María Chi reclama la criminalización de su comisario y protector ambiental, Wilberth Nahuat Puc, quien enfrenta una demanda por los delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad, debido a los actos de protesta realizados en la granja el día 14 de mayo del 2023, cuando habitantes de la comunidad bloquearon las entradas del complejo.
El subcomisario Wilberth Nahuat Puc está citado a declarar el próximo jueves 12 de diciembre.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública está realizando actualmente el acompañamiento legal de la comunidad de Santa María Chi. Por medio de este Instituto se realizó un amparo desde noviembre del 2023 interpuesto por niñas, niños y adolescentes quienes, a través de sus tutores, acusan violaciones a sus derechos como la salud, el agua, medio ambiente sano, consulta indígena y seguridad jurídica, en contra de la Semarnat, Profepa, Conagua, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del municipio.
El 30 de noviembre del mismo año el amparo fue aceptado por la jueza Silvia Elena Torres Cobá, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Mérida. Para lo cual se ordenó la suspensión provisional para que las autoridades responsables cesen el abasto de cerdos a la granja.
Orvelín Montiel Cortés, del Instituto Federal de Defensoría Pública, explicó que el amparo interpuesto en contra de la granja porcícola se debió a la múltiples infracciones e irregularidades de esta empresa ya que no cuentan con acreditaciones federales como: autorización de manifestación de impacto ambiental y autorización de cambio de uso de suelo. En el campo de las credenciales estatales, tampoco cuenta con la licencia única ambiental. Respecto a credenciales municipales, tampoco cuenta con la licencia de funcionamiento, la cual está vencida desde agosto del año pasado y con licencia de descarga de aguas residuales.
Los integrantes de este Instituto repudiaron los actos de criminalización en contra del subcomisario ejidal y hablaron de la necesidad de las autoridades de dar seguimiento a la demanda de amparo que ordena el monitoreo de esta granja desde el 4 de diciembre del 2023.
Los argumentos en contra de estas acusaciones de los titulares de la granja, mencionaron los integrantes del Instituto de Defensoría, es que mucho antes de existir estos protocolos y medidas de mitigación, ellos ya ocupaban este territorio.
“No por el hecho de que yo haya construido en un lugar y posteriormente la actividad que desempeño se prohiba, eso no me da el derecho para seguir dañando el medio ambiente. si hay una construcción jurídica expresa que impide se realice esa acción”, expresó Daud Rincón, integrante del Instituto Federal de Defensoría Pública.
En su intervención, Marilyn Alvarado Leyva de Articulo 19, explicó la necesidad del reconocimiento del derecho a la protesta efectuado por comunidades indígenas, esto con motivo de frenar la criminalización en contra de los defensores ambientales que, como Wilberth Nahuat, enfrentan demandas hechas en represalia por el reclamo de sus derechos y el respeto de su territorio.
Alvarado Leyva mencionó que México firmó en 2021 el acuerdo de Escazú, para el Acceso a la Información Pública y el Acceso a la Justicia para las Personas defensoras, el cual tiene un artículo dedicado a la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
“México tiene la obligación de crear mecanismos para proteger a las personas que se encuentran en procesos de defensa, esto incluye que puedan tener derecho a la libertad de expresión, derecho al medio ambiente sano, derecho a un futuro digno para la niñez”, explicó.
Entre el público del evento también se encontraban defensores del territorio de Ucú, Umán, Kinchil que explicaron situaciones similares respecto al atropello de sus derechos humanos por parte de granjas industriales y megadesarrollos.
Los integrantes de la mesa panel fueron siete: Wilberth Nahuat Puc, Wilberth Nahuat Chale, Marilyn Alvarado Leyva, Orvelín Montiel Cortés, Daud Rincón, Rodrigo Llanes Salazar del Cephcis UNAM y la moderadora Karen Hudlet Vázquez, de la ONU.
El día lunes 9 de diciembre, tres visitadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizaron un diálogo con integrantes de la comunidad de Santa María Chi con la intención de planear protocolos de protección al medio ambiente.
Foto: Rodrigo Medina
Edición: Fernando Sierra
