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La Jornada
25/04/2025 | Ciudad de México
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó la clausura “total temporal” de la megagranja porcícola Pecuaria Peninsular, ubicada en la comunidad de Santa María Chi, en Mérida, Yucatán, debido a que no cuenta con el permiso de descarga para sus aguas residuales.
Con esta medida, puntualizó, la granja porcícola operada por Grupo San Gerardo, propiedad del consorcio Kekén, no podrá incrementar el número de ejemplares que reporte en existencia.
“La operación de esta megagranja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La autoridad ambiental explicó que solicitó a la empresa presentar un Permiso de Descarga de Aguas Residuales vigente, expedido por la Comisión Nacional del Agua, tal como lo establece la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Sin embargo, la compañía exhibió a la Profepa un permiso con una razón social distinta, a pesar de que la ley en la materia estipula en sus artículos 88 y 88 Bis fracción I, que “cualquier persona que realice descarga de aguas residuales debe contar con el permiso emitido por la Conagua situación que en el caso en concreto no ha ocurrido”.
La población maya de Santa María Chi, donde habitan unas 500 personas, han denunciado los daños a la salud, en especial a los niños, que han padecido a causa de los desechos de la procesadora de carne.
Por esta razón, en mayo del 2023, por las continuas enfermedades gastrointestinales y respiratorias por la contaminación del agua y el aire, esta comunidad inició un campamento a un costado de la entrada de la megagranja porcícola, en la que se estima aloja a 50 mil cerdos.
El caso actualmente enfrenta un proceso legal, pues mientras las instalaciones tienen clausuras de la Conagua en algunos de sus pozos y operaba de forma parcial, la empresa ha interpuesto recursos legales, al tiempo que ha “criminalizado” a Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi, quien enfrenta una denuncia penal por los delitos de despojo de cosa inmueble y privación ilegal de la libertad.
Edición: Fernando Sierra
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