Sancionan a funcionarios por postularse al Programa de Desempleo en Yucatán

36 trabajadores municipales fueron penalizados, cuatro de ellos perdieron el cargo
Foto: Cuartoscuro

Un total de 36 funcionarios públicos de Yucatán, pertenecientes a 17 ayuntamientos, fueron sancionados luego de que se detectara que cometieron irregularidades con recursos extraordinarios dispuestos para la emergencia sanitaria, informó el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY).  Las sanciones fueron conforme a las normativas de cada administración municipal.

Cuatro de estos funcionarios fueron retirados de sus cargos, precisó el organismo público descentralizado al tiempo que indicó que esto se pudo lograr gracias a la activación de Mecanismo de Queja.

El pasado mes de abril, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, Mónica Febles Álvarez-Icaza, suscribió la respectiva queja dado que había indicios de posibles actos de corrupción de servidores públicos, quienes pretendieron acceder a los apoyos del Programa de Desempleo que puso en marcha el Gobierno del Estado con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

La Secretaría Ejecutiva del SEAY señaló que hasta el momento han dado respuesta a esta indagatoria un total de 44 ayuntamientos, y en 17 de ellos se encontraron 36 servidores municipales que habrían incurrido en irregularidades y abusos del cargo. 

“En función a la gravedad de la falta cometida por los servidores públicos, se impusieron sanciones que van desde apercibimientos y suspensiones hasta el cese definitivo”, detalló en el comunicado.

La dependencia detalló que cuatro personas fueron retiradas de sus cargos; otras seis, suspendidas; a 16 más les abrieron expedientes administrativos y recibieron amonestaciones; en dos casos se realizaron procedimientos con base a códigos de ética; y, finalmente, a ocho personas más están por determinarse las sanciones correspondientes. 

Todavía faltan por dar respuesta al SEAY un total de 62 ayuntamientos, así como distintas entidades y dependencias de la administración pública estatal. 

A raíz de la emergencia por COVID-19, el Gobierno del Yucatán dispuso de acciones extraordinarias para hacerle frente a las crisis de salud y económica, entre las que destaca el Programa de Desempleo, con el que se apoyó a los trabajadores de Yucatán. 

Sin embargo, tras la publicación del listado de beneficiarios, hubo señalamientos en medios y redes sociales sobre injusticias por la inequidad en la que algunos servidores públicos incurrieron cuando presentaron solicitudes para pretender acceder, indebidamente, a esos recursos. 

A fin de dar curso a las indagatorias correspondientes, el Comité de Participación Ciudadana del SEAY promovió que se iniciaran las acciones para que el Comité Coordinador del propio Sistema tomara conocimiento de posibles hechos de corrupción o faltas administrativas. 

También solicitó dar vista a las instancias del Gobierno del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, para que en el ámbito de sus facultades comenzaran las investigaciones correspondientes. 

 

Edición: Mirna Abreu


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