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Astrid Sánchez
25/02/2026 | Mérida, Yucatán
Durante la sesión ordinaria de este miércoles en el Congreso del Estado, María Guadalupe Méndez Correa presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), presentó su Informe Anual de Actividades 2025 en el que aprovechó para solicitar a las y los legisladores que atiendan pendientes en temas como acceso al aborto, libertad de expresión y contra la discriminación, entre otros.
La titular de la Codhey expuso avances logrados el año pasado como la emisión de 16 recomendaciones a 19 autoridades, a las cuales se les ha dado seguimiento oportuno, aseguró.
Dijo que detectaron 52 autoridades involucradas en los hechos violatorios de derechos humanos, siendo las más recurrentes la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación, el Ayuntamiento de Valladolid, de Oxkutzcab, de Timucuy, entre otras.
Detalló que el informe despliega 284 hechos calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos como prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, amenazas o intimidación, omisión de proteger la integridad personal, ejercicio indebido del servicio público, maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual, de garantizar la integridad personal, dilación en la procuración de justicia y uso indebido o desproporcionado de la fuerza.
También recordó que las violaciones a los derechos humanos son resultado de un sistema desigual por lo que llamó al cuerpo legislativo a tomar decisiones valientes, otorgar presupuestos suficientes e implementar políticas públicas efectivas.
“El reto no es únicamente sancionar conductas individuales. Necesitamos transformar las condiciones estructurales que posibilitan la desigualdad. Debemos transversalizar el enfoque de igualdad y no discriminación, fortalecer la prevención mediante educación y transformación cultural, robustecer sistemas de información con datos desagregados y centrar las políticas públicas públicas en la autonomía y participación activa de quienes han sido históricamente discriminadas. Si las causas son estructurales, nuestra respuesta también debe serlo”, declaró ante el pleno.
Foto: Congreso de Yucatán
Habló, por ejemplo, de la revisión del Código Penal para evitar disposiciones que obstaculicen la libertad de expresión, acciones para prevenir el suicidio, mecanismos con comunidades para atender las afectaciones en materia ambiental, garantía efectiva del derecho al aborto con una política pública consolidada y combate al estigma; también señaló la persistencia de prácticas discriminatorias contra la comunidad LGBTTTIQ+ y contra las personas con VIH/ SIDA.
“En materia de serofobia persisten prácticas discriminatorias hacia personas que viven con VIH, especialmente en espacios laborales y de salud. Es preocupante que en pleno 2026, el Código Penal de Yucatán mantenga el artículo de Peligro de Contagio, una disposición que constituye discriminación indirecta y que no tiene cabida en un régimen democrático y de derechos humanos”, advirtió.
Méndez Correa abogó por niñas, niños y adolescentes al recordar que son personas titulares de derechos que requieren políticas integrales de cuidados.
Como titular de la Codhey dijo que en el último año se ha trabajado en la consolidación de un modelo de justicia restaurativa para proponer soluciones más ágiles, reparadoras y transformadoras, a diferencia de los enfoques exclusivamente punitivos.
“Podemos elegir el diálogo en la imposición, la prevención sobre la reacción, la transformación sobre el castigo. La dignidad humana no puede quedarse en discurso. Debe convertirse en práctica pública cotidiana”.
Edición: Fernando Sierra
