Yucatán > Sociedad
Astrid Sánchez
06/03/2026 | Mérida
Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) y de Todas México, Fuerza Política Feminista, exigieron al gobernador Joaquín Díaz Mena la destitución inmediata de Roger Rafael Aguilar Arroyo como titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm) debido a que actualmente enfrenta denuncias por violencia de género, corrupción y agresiones.
“El gobierno del estado está violentando la Ley 3 de 3 contra la violencia al haber contratado a Roger Rafael Aguilar Arroyo, alias ‘El Zorro’, como funcionario. De acuerdo a la modificación constitucional, que es una ganancia, es una gran conquista por los derechos de las mujeres, de que ningún agresor, nadie con señalamientos de violencia pueda estar como funcionario, el señor gobernador la violenta”, explicó María Eugenia del Pilar Núñez, activista feminista.
Este viernes, ambas colectivas se presentaron en el edificio administrativo del gobierno del estado para hacerle llegar a Oscar Adán Valencia Domínguez, titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, un documento en el que exponen todos los señalamientos contra Aguilar Arroyo, como ser responsable de conductas ofensivas y denigrantes contra la ciudadanía; amenazas de muerte y violencia política; expresiones misóginas y violentas contra las mujeres, entre otras.
De acuerdo con el documento firmado por las activistas feministas, el titular del Inderm enfrenta una investigación por hechos de corrupción que se registraron durante su desempeño como alcalde de Motul, proceso por el cual ya fue formalmente vinculado a proceso. También hay una carpeta de investigación iniciada por una agresión física en contra de un ciudadano.
“A ‘El Zorro’ no lo acusamos de nada, él está con expedientes, reiteramos estos expedientes por los cuales está acusado, no es nada nuevo. Pedimos que se proceda”, comentó María Eugenia y aseguró que en caso de no ser escuchadas pedirán al Congreso del Estado que se sancione a los responsables de no respetar la constitución local.
Al respecto, la activista Gina Villagómez resaltó que no es necesario que haya una sentencia condenatoria porque los señalamientos y las denuncias formales son suficientes para que el titular de ejecutivo descarte su incorporación al gobierno del estado.
“Un funcionario público, como es el caso del gobernador, o quien nombre a los funcionarios públicos, como es su equipo de gabinete debe tomar en cuenta desde los antecedentes ya que el espíritu de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia es que tengamos funcionarios limpios de este tipo de acusaciones y no se requiere de una sentencia en firme para saber cuando un hombre ha sido un agresor conocido por todos”, declaró Villagómez.
Las mujeres que se revise en qué condiciones se dio el nombramiento de Aguilar Arroyo como titular del Inderm y, en caso de que se confirme la existencia de irregularidades, se proceda a la separación del cargo.
