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Astrid Sánchez
11/03/2026 | Mérida
Personas que no cumplan con sus obligaciones parentales y falten a la entrega puntual de la pensión alimenticia ahora también deberán hacerse cargo de los gastos generados por la exigencia de su cumplimiento como préstamos, honorarios legales y otros costos derivados del proceso gracias a una iniciativa aprobada por el Congreso de Yucatán.
De forma unánime, las y los legisladores aprobaron la reforma al Código Penal Estatal que establece que cuando una persona incumpla con el pago de la pensión alimentaria deberá cubrir no solo el monto adeudado, sino también los gastos generados para exigir su cumplimiento.
Así, no podrá extinguirse la acción penal si no existe una reparación integral del daño, garantizando que quienes incumplan sus obligaciones enfrenten consecuencias legales completas.
La iniciativa, presentada por el diputado morenista Wilmer Monforte, tiene el objetivo de respaldar principalmente a las mujeres, niñas y niños que enfrentan la carencia de este derecho fundamental.
“La responsabilidad de cuidar y sostener a las hijas y los hijos no puede abandonarse… Hablamos de la renta que se tiene que pagar, del uniforme escolar, de los medicamentos cuando una hija o un hijo se enferma y de la comida que debe haber en la mesa… La justicia no se limita a pagar lo que se debía; también se tiene que reparar el daño que se causó por no cumplir con la obligación”, declaró el legislador.
Por otro lado, durante la sesión de pleno también fue aprobado el dictamen que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de libertad económica, interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferencial y debida diligencia.
La idea es impulsar políticas que fortalezcan su autonomía económica e incorporar enfoques interseccionales, interculturales y diferenciales en las políticas públicas para atender de manera integral las múltiples formas de discriminación y violencia que experimentan las mujeres.
En materia de salud, fue aprobado el dictamen por el que se modifica la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad, con la finalidad de prohibir la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados en las escuelas.
Entre las iniciativas presentadas, Eric Quijano González, de Morena, y la diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio, turnaron una sobre temas como masculinidad responsable, y contra la discriminación hacia las personas transgénero.