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Astrid Sánchez
14/04/2026 | Mérida, Yucatán
Ante el temor de un posible atentado en contra de su libertad e incluso de su vida, defensores del territorio maya en Yucatán lanzaron un llamado al gobernador Joaquín Díaz Mena y a las autoridades federales para que brinden las medidas de protección necesarias que garanticen que su lucha no será criminalizada.
Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, acusó el uso del Estado para criminalizar la lucha que acompaña en las comunidades de Progreso y de Ixil, que lo han llevado a ser denunciado por los delitos de extorsión, amenazas y despojo y por los que recientemente tuvo que viajar a Jalisco para enfrentar un proceso que, aseguró, estuvo plagado de irregularidades.
En primer lugar, señaló que la denuncia que interpuso a nombre propio -para no poner en riesgo a integrantes de las comunidades- en contra de Ciudad Maderas, en Progreso, por la devastación de manglares y selva maya, causó una reacción por parte de la inmobiliaria, quien lo acusa de extorsión, proceso que llevó a cabo en Jalisco.
Oceransky señala que esta carpeta se judicializó a pesar de no tener ni los mínimos elementos de prueba en su contra y se llevó a cabo en un estado donde no reside y que, además, ocupa el lugar número uno en homicidios de defensores de territorio en el país.
A pesar de contar con una orden de suspensión en contra de cualquier orden de aprehensión, al presentarse ante el juzgado jalisciense fue víctima de una detención arbitraria para enfrentar el delito que cambió de extorsión a amenazas.
El equipo legal de Oceransky logró la no vinculación a proceso, aunque el caso no se declaró cerrado, lo que da oportunidad a la Fiscalía de Jalisco de continuar con la investigación.
Por ello, advierte el riesgo que corre su integridad ante acciones como traslado a otro estado, detención ilegal y criminalización, que favorecen intereses privados.
“Esto pone en mi vida en un riesgo muy alto, existe el riesgo de otro tipo de acciones para sacarme de circulación porque si yo desapareciera, Ciudad Maderas podría continuar”.
Por otro lado, luego de enfrentar este proceso en Jalisco, el activista ahora tiene que presentarse a una nueva audiencia, ahora en Yucatán, por un caso registrado en Ixil, donde pobladores evitaron el despojo de tierras mayas de uso común para actividades de cultivo artesanal, principalmente de las cebollitas, producto reconocido en el municipio.
Oceransky señala que las familias Abimerhi y Millet intentaron ingresar a estos territorios para construir un fraccionamiento en agosto de 2022, pero ante la negativa de la comunidad, que ha decidido defender estas tierras que han trabajado durante toda su vida, fueron estas dos familias quienes denunciaron el delito de despojo.
“Nos están acusando de despojo estas familias, quienes jamás han tenido posesión de estas tierras; despojo es cuando le arrebatas a alguien la posesión de algo. Esas tierras jamás las tuvieron en posesión”.
El activista anunció que se ha solicitado un peritaje a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para ver cuál ha sido la relación de la comunidad maya con estas tierras con lo que, garantiza, quedará asegurado que es territorio trabajado por los pobladores.
Sergio solicitó a las autoridades yucatecas que no sigan los pasos de Jalisco al permitir carpetas de investigación sin elementos válidos.
Por otro lado, Wilberth Nahuat Puc, comisario Santa María Chi, en Mérida, también denunció ser criminalizado por su lucha contra una granja porcícola en la comisaría, la cual ya tiene la orden de cesar actividades a más tardar el próximo 30 de abril.
Foto: Astrid Sánchez
El comisario asegura que la empresa a cargo de la granja lo acusa de despojo y privación ilegal de la libertad, un proceso que sigue abierto y que lo mantiene temiendo por su libertad.
Los activistas estuvieron acompañados por miembros de otras comunidades mayas que mantienen luchas activas contra inmobiliarias o granjas avícolas, entre otros, quienes se sumaron a la petición de protección para todas las personas que enfrentan estos procesos en contra del despojo de su territorio.
“No puede pasar esto en Yucatán, no somos criminales, somos defensores de nuestro territorio y exigimos protección y justicia”, declaró Federico May, de Kinchil.
Edición: Fernando Sierra
