Yucatán > Sociedad
Astrid Sánchez
13/05/2026 | Mérida
La jueza Suemy Lizama vinculó a proceso a tres defensores del territorio de Ixil por el delito de despojo que surge de una denuncia interpuesta por empresarios inmobiliarios que buscan apropiarse de tierras mayas para llevar a cabo un desarrollo habitacional.
El director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky, que acompaña luchas de defensa del territorio en distintos puntos de Yucatán; Cecilio Cisneros y Guillermo Yam Ek, ambos campesinos de origen maya, fueron vinculados a proceso en una audiencia, en la que señalaron a la jueza de estar coludida con las familias Millet Palomeque, Abimerhi Briceño y Millet Menéndez, interesadas en los predios en disputa.
La jueza Suemy Lizama Sánchez consideró procedente la vinculación a proceso y acusó a los defensores de ser un “grupo de choque” para afectar la posesión de las tierras.
Esta decisión es considerada por los activistas y por gente de la comunidad como un acto de criminalización para evitar la defensa de las tierras mayas.
“La jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez del Poder Judicial de Yucatán vinculó a proceso a Sergio Oceransky y otras dos personas de Ixil por el delito de despojo, en una audiencia que comenzó a las 8 de la mañana y pasadas las 19 horas aún no concluía. Los defensores del territorio y medio ambiente estamos siendo criminalizados nuevamente y el Gobierno del Estado de Yucatán no hace nada por los que defienden la tierra con esto marca un claro poder empresarial inmobiliario”, señalaron defensores de Santa María Chi que respaldan a la comunidad de Ixil.
La organización Kanan Derechos Humanos, que acompaña a Cecilio denunció la criminalización y exigió un proceso penal justo para la comunidad maya.
Empresarios que interpusieron la demanda acusan que más de 5 mil hectáreas de tierras en Ixil, les pertenecen, sin embargo, representantes de la comunidad señalan que son tierras ancestrales que han trabajado durante generaciones.
“Se trata de unas tierras que fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado en 2023 y que ese aseguramiento tuvo lugar dentro de esta investigación, donde ellos (los denunciantes) afirman que estas familias tenían la posesión pacífica y continua de esas tierras hasta que fueron despojadas por la comunidad en el 2022, lo cual es completamente falso.
“En realidad, lo que pasó es que ellos intentaron tomarse esas tierras en 2022 y la comunidad que siempre ha estado cultivando esas tierras no se lo permitió, siempre han estado de posesión de la gente del pueblo y es un predio donde se cultiva hortaliza, se realiza ganadería, apicultura y más actividades del campo”, detalló una de las asistentes que acudió a la audiencia a brindar su respaldo a los activistas
Ixileños aseguran que esas tierras siempre han sido de uso común y nunca han pertenecido a alguna de las familias denunciantes.
Por ello, señalan que la jueza Lizama puede trabajar en colusión con los empresarios al no tomar en cuenta los antecedentes de uso y posesión de la tierra.
Con la vinculación, la jueza determinó diversas medidas cautelares, como no salir de Yucatán mientras dura el proceso. Sin embargo, Oceransky obtuvo un permiso para poder atender un tema familiar fuera del país.
