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La Jornada Maya
21/07/2026 | Mérida
Cinco organizaciones ciudadanas advirtieron que el préstamo por mil 500 millones de pesos que el Gobierno de Yucatán busca contratar para el Plan Bienestar Metropolitano no debe destinarse principalmente a ampliar la infraestructura para automóviles, y exigieron que las inversiones prioricen el transporte público, la movilidad peatonal, ciclista y la accesibilidad universal.
En un posicionamiento conjunto, el Colectivo Haciendo Ciudad A.C., Cicloturixes A.C., el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, el Colectivo Poder AntiGandalla Mérida y Reflexión y Acción Feminista A.C. señalaron que han participado en los foros relacionados con el componente de movilidad del proyecto, pero cuestionaron el alcance de la consulta ciudadana realizada por el Ejecutivo estatal.
Las agrupaciones reconocieron que, tras las intervenciones ciudadanas, el Gobierno comenzó a incorporar el concepto de la pirámide de movilidad en las presentaciones oficiales; sin embargo, consideraron que la participación no puede limitarse a elegir entre distintas obras orientadas al automóvil.
A su juicio, las mesas de trabajo y la encuesta difundida por las autoridades centraron la discusión en pasos inferiores, retornos, ampliaciones de carriles, laterales y puentes peatonales, sin abrir el debate sobre otros modelos de movilidad.
También señalaron que conceptos como “modernizar” o “mejorar la infraestructura vial” se utilizaron sin definir con precisión su significado, lo que podría llevar a interpretar los resultados de la consulta como un respaldo ciudadano a proyectos que nunca fueron descritos de manera específica.
Además, criticaron que los foros se realizaran entre semana y en horarios laborales, lo que, afirmaron, excluyó a personas trabajadoras, estudiantes, cuidadoras y otros sectores de la población.
En el documento, las organizaciones cuestionaron la idea de que el crecimiento del parque vehicular sea inevitable y sostuvieron que las condiciones inseguras e ineficientes para caminar, usar bicicleta o utilizar el transporte público han favorecido la dependencia del automóvil.
Asimismo, argumentaron que ampliar la capacidad vial no garantiza una solución permanente al congestionamiento debido al fenómeno conocido como demanda inducida, por lo que plantearon la necesidad de avanzar hacia una reducción gradual de la dependencia del coche.
Respecto al Anillo Periférico de Mérida, indicaron que ya no funciona únicamente como una vía de paso, pues actualmente está rodeado de viviendas, hospitales, escuelas, universidades, plazas comerciales y centros de trabajo, lo que obliga a replantear su diseño desde una lógica urbana y de seguridad vial.
Las organizaciones señalaron que cualquier intervención debe apegarse a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la NOM-004-SEDATU-2023 y al propio Plan Estatal de Desarrollo Renacimiento Maya 2024-2030, el cual establece la prioridad del transporte público, la movilidad activa y la accesibilidad.
Entre sus principales peticiones, solicitaron que el financiamiento se dirija prioritariamente a mejorar la frecuencia, cobertura, confiabilidad y accesibilidad del transporte público; construir banquetas continuas, accesibles y sombreadas; implementar cruces seguros a nivel de calle; desarrollar una red ciclista protegida y conectada; gestionar velocidades de acuerdo con el contexto urbano; realizar auditorías de seguridad vial y accesibilidad, y evaluar los impactos ambientales y territoriales de las obras.
También demandaron condiciones mínimas de transparencia antes de contratar o ejercer el préstamo, entre ellas la publicación de una matriz completa de proyectos con costos, ubicaciones y justificación técnica; diagnósticos y estudios de movilidad; análisis de alternativas; auditorías de seguridad vial; así como una reformulación de la encuesta ciudadana para incorporar preguntas abiertas y opciones relacionadas con transporte público, movilidad peatonal y ciclista.
Además, pidieron que los espacios de participación se realicen en horarios accesibles y que se establezca un mecanismo ciudadano y técnico de seguimiento para conocer cómo fueron incorporadas, o por qué fueron descartadas, las propuestas presentadas.
“No nos oponemos a mejorar el Periférico ni a realizar inversiones públicas en movilidad. Nos oponemos a que la palabra ‘modernización’ se utilice para repetir un modelo que ha hecho del automóvil una necesidad creciente”, señalaron.
Las agrupaciones sostuvieron que las decisiones sobre el uso de los recursos públicos deben responder a evidencia técnica, al marco legal vigente y a la garantía del derecho a la movilidad, con el objetivo de “mover personas, no coches”.
