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Astrid Sánchez
27/08/2026 | Mérida
El Gobierno de Yucatán tendrá acceso a hasta 5 millones 737 mil 483 pesos de recursos federales para acciones de prevención, atención y control de la salud mental y las adicciones, pero la entrega del dinero estará sujeta a la comprobación de su correcta inversión y al cumplimiento de las metas establecidas en el convenio firmado con la Secretaría de Salud federal.
El acuerdo entre la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y el gobierno estatal, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, establece que la segunda entrega de recursos dependerá de que Yucatán acredite haber ejercido y comprobado los recursos de la primera.
El acuerdo contempla además mecanismos de vigilancia sobre el gasto. Yucatán deberá entregar mensualmente a la Conasama informes sobre las actividades realizadas, el destino y aplicación de los recursos, los resultados obtenidos y el avance físico-financiero del programa, acompañados de la documentación comprobatoria correspondiente.
Conasama podrá realizar visitas de verificación para revisar el avance de las acciones y la aplicación del dinero. Si detecta falta de comprobación, recursos sin ejercer o utilizados para fines distintos, podrá suspender o cancelar las transferencias y solicitar su reintegro. El convenio también establece que esos casos deberán informarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y, cuando corresponda, al Ministerio Público Federal.
El convenio señala que los recursos serán evaluados también a partir del cumplimiento de las metas previstas, y que Conasama podrá ponderar la distribución del recurso en función de los resultados y de otras variables socioclínicas.
La entrega forma parte del programa federal E032, operado por Conasama, que contempla acciones de prevención, detección y atención del consumo de sustancias y de diversas condiciones de salud mental.
La Federación también podrá considerar como “recursos ociosos” aquellos fondos que, después de ser transferidos al estado, no sean entregados a los Servicios de Salud de Yucatán o no sean ejercidos conforme al convenio. En esos casos, el estado deberá reintegrarlos a la Tesorería de la Federación junto con los rendimientos financieros generados.
En el caso de Yucatán, el recurso deberá ser administrado inicialmente por la Secretaría de Administración y Finanzas y posteriormente transferido a los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), que fungirán como unidad ejecutora. El convenio obliga a mantener cuentas bancarias específicas para los recursos y a reportar su transferencia y los rendimientos generados.
El documento también obliga al gobierno estatal a publicar el convenio, así como los objetivos, metas, avances y resultados físicos y presupuestarios del programa.
