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Astrid Sánchez
08/09/2026 | Mérida
La contaminación del agua documentada en Hopelchén, Campeche, no es un problema que se limite a las 17 comunidades mayas que promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino que puede tener implicaciones para toda la península de Yucatán debido a las características kársticas del territorio, advirtieron comunidades y especialistas, quienes llamaron a las autoridades a garantizar agua limpia y establecer un monitoreo permanente de los cuerpos de agua.
El pasado 27 de agosto, la SCJN resolvió por unanimidad el amparo promovido desde 2020 por el Colectivo Maya de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) luego de un proceso de seis años; esta resolución reconoce la presencia de plaguicidas en el agua de la región y establece que las comunidades no tienen la obligación de demostrar por sí mismas el riesgo de exposición a contaminantes.
Pero para quienes impulsaron el recurso, el verdadero alcance de la sentencia está en lo que pueda ocurrir más allá de Hopelchén debido a que las condiciones del suelo peninsular permiten la infiltración de sustancias químicas hacia el acuífero, por lo que los contaminantes no necesariamente permanecen en el sitio donde fueron utilizados.
“Como bien sabemos, en la región de la península de Yucatán el suelo es kárstico y todos los venenos y químicos que se están vertiendo en Hopelchén y que actualmente tiene contaminado el acuífero, al final están perdidos en toda la península, es decir, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El logro de esta sentencia que el pueblo maya de Hopelchén celebra hoy es que se protege el agua de toda la península”, manifestó Oziel Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes.
La resolución ordena establecer un sistema de información ambiental para monitorear los cuerpos de agua, realizar estudios sobre su calidad y la presencia de plaguicidas, generar información pública y mantener un monitoreo permanente, además de elaborar un informe detallado sobre las sustancias presentes en la región.
Inicialmente, los efectos de la sentencia estaban planteados en relación con el glifosato, pero las organizaciones insistieron en que las medidas abarcaran también otras 54 sustancias consideradas plaguicidas altamente peligrosos cuya presencia había sido documentada en el agua de Hopelchén.
El investigador Jaime Rendón, quien participó en los estudios realizados en la zona, destacó que el monitoreo continuo es uno de los principales avances del fallo, pues una sola medición no permite conocer cómo cambia la concentración de los contaminantes a lo largo del tiempo.
El especialista recordó que las condiciones kársticas de la península favorecen que los compuestos químicos utilizados en la superficie puedan infiltrarse al subsuelo. Por ello, consideró que el problema no se reduce al agua, pues también alcanza al suelo y otros elementos del ecosistema.
“La contaminación del agua es la punta del iceberg”, sostuvo.
Durante la conferencia, la doctora Leticia Yañez advirtió que la exposición a pequeñas cantidades de plaguicidas durante periodos prolongados también representa un motivo de preocupación para la salud y llamó a las autoridades a avanzar en la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos.
“Este es el momento crucial para que de verdad tomen acciones para la prohibición del uso de plaguicidas altamente peligrosos”, planteó, al señalar que la problemática de Hopelchén “no es local, es nacional”.
También pidió que, además de vigilar el agua, las autoridades comiencen a generar información sobre posibles efectos en la salud de las comunidades expuestas.
La exigencia ahora está dirigida a las autoridades que deberán cumplir la sentencia. De acuerdo con la explicación jurídica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá coordinar el sistema de información ambiental; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá que realizar estudios sobre la calidad del agua, mientras que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá intervenir en la regulación, control y vigilancia de los plaguicidas y riesgos sanitarios.
También deberán participar las autoridades ambientales de Campeche y el ayuntamiento, entre otras instancias.
Las comunidades insistieron en que esta coordinación debe realizarse con su participación y no únicamente desde las oficinas gubernamentales, pues consideran indispensable incorporar el conocimiento de quienes habitan y conocen el territorio.
“Nos preocupa el tema del seguimiento, cómo se van a poner de acuerdo las autoridades que están implicadas en la sentencia, la estatal, la municipal, la federal, ¿cómo van a generar esas estrategias y que no sean también desde un escritorio, sino cómo van a integrar a los pueblos que somos los que conocemos el territorio?”, cuestionaron.
El temor es que la resolución tenga el mismo destino de otras sentencias que, pese a haber sido favorables, no se han traducido en cambios concretos.
Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para que acaten el fallo de manera íntegra y en un plazo razonable, pero también para que aprovechen la información que ya existe y comiencen a tomar decisiones sin esperar nuevos procesos de prueba.
“Esperamos que esta sentencia realmente se traduzca en acciones, se traduzca en compromisos, se traduzca en cambios estructurales necesarios que se tienen que hacer para garantizar el derecho de los pueblos, el derecho a tomar un agua limpia”, señaló la activista Leydy Pech.
Para las comunidades, el fallo representa así un precedente para ampliar la discusión sobre el derecho al agua y la protección del territorio en la península, pero también un llamado a modificar las políticas de producción que han favorecido el uso de sustancias químicas.
“El cambio de un modelo de desarrollo planteado para los pueblos indígenas, para la península de Yucatán, y ese modelo no está funcionando, es un modelo que nos está llevando a estas crisis y es un modelo que está acabando la vida de las comunidades mayas”.
La petición es que el cumplimiento de la sentencia involucre a gobiernos, instituciones académicas, comunidades, sociedad y empresas, con una estrategia integral que permita proteger el acuífero y garantizar el acceso a agua limpia en la región.
