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Astrid Sánchez
28/09/2026 | Mérida
En el marco del #28S, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la organización feminista Unasse advirtió que la despenalización parcial no será una realidad efectiva mientras no existan servicios seguros, gratuitos y accesibles en todo Yucatán y mientras las instituciones de salud no garanticen la atención a todas las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir un embarazo.
En entrevista con La Jornada Maya, la directora de Unasse, Amelia Ojeda, señaló que aunque en Mérida existe un servicio de aborto seguro en el Hospital O’Horán, organizaciones han recibido casos de mujeres derechohabientes del IMSS e ISSSTE que, pese a tener derecho a la atención, terminan enfrentando obstáculos, largas vueltas o incluso tratos discriminatorios para acceder al procedimiento.
“Para poder decir que de verdad en Yucatán se despenalizó, ya no se criminaliza, las mujeres pueden tomar esa decisión sobre su autonomía reproductiva y que esté garantizada por el Estado, es necesario que haya servicios de aborto seguro, gratuitos en todo el estado, en los municipios y también que IMSS e ISSSTE realmente lo estén prestando”, señaló.
Ojeda también destacó que persiste un problema de información, pues muchas mujeres desconocen que actualmente pueden acceder a un aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, mientras que las causales contempladas en el Código Penal no tienen ese límite.
Explicó que casos como un embarazo producto de una violación o de una inseminación artificial no consentida, el riesgo para la vida de la mujer, situaciones de precariedad económica o determinadas condiciones del producto pueden dar lugar a una interrupción del embarazo sin que pueda negarse el servicio bajo el argumento de haber superado las 12 semanas.
“Las 12 semanas solamente es para el aborto voluntario. Lo demás, las causales no tienen un plazo”, puntualizó.
Para la directora de Unasse, el siguiente paso debe ser avanzar hacia una despenalización total, de manera que ninguna mujer o persona gestante sea criminalizada por interrumpir un embarazo, independientemente de las semanas de gestación.
Recordó que una sentencia que obligó al Congreso de Yucatán a legislar en la materia establecía la derogación del artículo que criminalizaba el aborto voluntario, pero, en lugar de eliminarlo, el Congreso estableció el límite de 12 semanas.
“El trabajo para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres no termina nada más modificando las leyes, sino que también hay que seguir trabajando para que las políticas públicas incluyan servicios, programas, presupuestos para la prestación de estos servicios”, sostuvo.
Criminalización social
A este pendiente se suma la “criminalización social”, a través de la presencia de mujeres conocidas como “rezadoras” en las inmediaciones de algunos servicios de salud, quienes buscan persuadir a quienes acuden a interrumpir un embarazo y, en algunos casos, también ejercen presión sobre el personal sanitario.
Consideró que esta situación no puede justificarse únicamente como un ejercicio de libertad de expresión, pues el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las mujeres y personas gestantes que buscan acceder a un servicio de salud.
“El que estas mujeres, aun cuando estén en vía pública, estén realizando este acoso hacia las mujeres o personas gestantes que desean interrumpir su embarazo y hacia el personal sanitario que les presta los servicios es violatorio de derechos humanos”, afirmó.
Ojeda sostuvo que las autoridades no pueden simplemente deslindarse argumentando que se trata de libertad de expresión, ya que este derecho tiene límites cuando se vulneran los derechos de otras personas. En ese sentido, planteó que las autoridades deben intervenir para evitar que las manifestaciones religiosas se conviertan en actos de hostigamiento.
La activista señaló además que la legislación en materia de culto establece condiciones para realizar expresiones religiosas fuera de los espacios destinados a ello, por lo que las autoridades deberían considerar la afectación que estas acciones generan en quienes buscan acceder a servicios de aborto.
Llamó a las mujeres y personas gestantes de Yucatán a informarse sobre sus derechos y exigir que las instituciones cumplan con la obligación de garantizar los servicios.
