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La Jornada Maya
26/10/2026 | Mérida
Después de más de cinco años de lucha legal, habitantes de la colonia San Damián, consiguieron que el Ayuntamiento de Mérida confirmara que no renovará ni emitirá nuevas licencias de construcción para el gasoducto que la empresa Tractebel GNP, comercialmente conocida como Engie, pretendía instalar en su calle durante el primer foro de participación pública ambiental.
El encuentro fue convocado por la Dirección de Desarrollo Urbano municipal en cumplimiento de una resolución judicial obtenida por el colectivo Defensores de San Damián, acompañado por Kanan Derechos Humanos A.C., dentro del juicio de amparo 492/2021, que reconoció vulneraciones a los derechos de los habitantes a la información y la participación en torno al proyecto.
En el foro, realizado en las instalaciones de la Central de Orden, Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, participaron más de 20 vecinas y vecinos, quienes reiteraron su rechazo a la instalación de los ductos y expusieron sus inconformidades por la manera en que se desarrolló el proyecto, al señalar que no recibieron información suficiente y que hubo engaños e intimidaciones.
La autoridad municipal informó que la obra no continuará en la calle donde viven los integrantes del colectivo y que la empresa manifestó su desistimiento del proyecto en esa vialidad. También se comprometió a realizar una visita a la zona para identificar los tramos de gasoducto que pudieron instalarse durante 2021 y 2022, con miras a determinar las acciones correspondientes y evaluar su eventual retiro.
Sin embargo, el primer foro no cumplió por completo con el objetivo de informar a la población sobre el proyecto, pues, de acuerdo con el colectivo, las autoridades no presentaron información específica sobre sus posibles afectaciones y beneficios, ni acudieron las personas expertas e instituciones que debían contribuir a explicar sus alcances.
Ante los cuestionamientos vecinales, el Ayuntamiento se comprometió a convocar una nueva sesión con información suficiente para cumplir plenamente la sentencia judicial, aunque hasta el momento se encuentra pendiente la fecha para continuar con el proceso.
La resolución judicial que dio origen a este espacio es resultado de una disputa iniciada en 2021, cuando habitantes de San Damián promovieron acciones legales contra autoridades de los tres niveles de gobierno por los permisos otorgados para la instalación de la infraestructura de gas natural cerca de sus viviendas. En diciembre de 2022, el Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán resolvió el amparo 492/2021 y determinó que se vulneraron los derechos de acceso a la información y participación de la comunidad, por lo que ordenó la realización de un foro informativo antes de que el proyecto pudiera continuar.
En mayo de 2022, además, un Tribunal Colegiado había ordenado suspender las obras mientras se resolvía el juicio, después de que los habitantes recurrieran una decisión judicial inicial que les había negado esa medida cautelar.
Los integrantes de Defensores de San Damián mantienen su rechazo a la instalación del gasoducto y advierten que la expansión de este tipo de infraestructura en Mérida debe acompañarse de información clara sobre sus características, riesgos e impactos, así como de mecanismos efectivos para que las personas que viven en las zonas afectadas puedan participar en las decisiones.
