El activista Rafael Rivero Aburto, de la asociación civil Habla por mi, presentó una demanda ciudadana en contra del alcalde Otoniel Segovia Martínez y el Centro de Atención Canina y Felina (CAC) del municipio de Othón P. Blanco por omisión en el cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal respecto a la situación que guarda este sitio, al que apenas se destinan 250 pesos por mes. A esta queja se suma el supuesto desvío de recursos que una asociación civil entregó a la Dirección de Salud municipal para esterilizaciones, dinero que no se aplicó y que se han negado a devolver.
En un escrito dirigido a la titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alejandra Aguirre Crespo, Rafael Rivero denunció formalmente “hechos de abandono y mala administración del Centro de Atención Canina y Felina” por considerar que constituye violaciones a diversos preceptos de la Ley de Protección y Bienestar Animal.
Asegura haber visitado dicho CAC y no encontrar a nadie al cuidado de tres perros que además no contaban con las condiciones para un trato digno y que las instalaciones no tienen lo que establece la ley citada.
El activista pide iniciar procedimientos en contra de quien resulte responsable y deslindar responsabilidades así como una inspección de la Sesa para constatar las violaciones a la ley y se dé aviso a los grupos defensores de animales, puesto que este centro solo tiene asignados tres mil pesos anuales.
A esta demanda se suma la queja de la Asociación Animal Sheriff, quienes acusaron a la dirección de salud municipal de haber recibido desde hace un año la cantidad de 10 mil pesos producto de un evento para recaudar recursos para esterilización de perros y gatos sin que a la fecha se haya realizado la campaña ni devuelto el recurso.
Edición: Enrique Álvarez
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