A fin de impulsar un mejor cuidado, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su atención integral, el gobierno del estado presentó ante el Congreso local una iniciativa de Ley de los Derechos de este sector de la población, la cual, de ser aprobada, contribuirá a garantizar el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.
Por instrucciones del gobernador, Mauricio Vila Dosal, el consejero Jurídico del estado, Mauricio Tappan Silveira, junto con la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), María Cristina Castillo Espinosa, y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano, entregó dicha propuesta, con la cual se promueven cambios trascendentales en la legislación sobre este tema.
La iniciativa, además de reconocer a esta parte de la población como sujeta de derecho y regular la competencia de las autoridades locales, conforme a lo establecido por la Ley General en la materia, marca un capítulo nuevo en la historia de Yucatán, al otorgar más y mejores atribuciones al órgano de protección, garantizando el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.
Derecho a una vida en familia
La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contribuirá a agilizar la restitución del derecho a una vida en familia y a generar sinergia con el Poder Judicial, pues la Procuraduría, a través de un acta circunstanciada, podrá tener la tutela cuando madre, padre o algún familiar no reclame la custodia.
“Con este avance, niñas, niños y adolescentes podrán ser integrados a una nueva red familiar de forma más ágil, garantizando en todo momento su derecho a una vida en familia”, aseguró el funcionario.
La propuesta plantea la posibilidad de abrir la puerta al modelo de familia de acogida, para brindar cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social del sector por un tiempo limitado, hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva, limitando la institucionalización.
En segundo lugar, se expone en el documento, se propone que la llamada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia pase a ser la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, organismo con autonomía técnica y de gestión, para garantizar la protección de estos derechos, coordinar los procesos de restitución de los mismos y seguir su evolución.
Edición: Ana Ordaz
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