Luego de un año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió este 12 de enero, la recomendación 012021, contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la detención ilegal y agresión hacia siete mujeres en noviembre del 2019, entre ellas una menor de edad.
El organismo determinó, después de una serie de investigaciones, que los elementos de la dependencia sí cometieron violaciones a los derechos humanos, principalmente vulneraciones a la libertad de expresión, de asociación, intimidad personal, integridad física, así lo informó Miguel Óscar Sabido Santana, titular de la Codhey.
El 25 de noviembre del 2019, siete fueron detenidas de manera ilegal seis jóvenes cuando se dirigían al Remate de Montejo, en Mérida, para participar en una protesta como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las mujeres fueron apoyadas por agrupaciones de la sociedad civil, como Indignación, para poder salir de la cárcel, no obstante, la organización documentó que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, violentas e ilegales, insultos, amenazas, tocamientos en partes íntimas, jaloneos, burlas y golpes, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Luego de más de un año de los hechos, la Codhey emitió una recomendación por estos actos de abuso de los elementos policiacos. La demora se debió, según justificó Sabido Santana, por la pandemia del COVID-19, que generó algunos inconvenientes.
De acuerdo con el ombudsman, la Codhey emitió una serie de recomendaciones hacia la SSP, como iniciar procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los policías que estuvieran involucrados con las agresiones, para luego fincar responsabilidades y posibles sanciones, con base en la Ley de Responsabilidades.
A su vez, pidieron que se genere un protocolo de actuación policial para los casos de manifestaciones o reuniones públicas. “A nivel local es necesario realizar un protocolo para evitar situaciones simulares”, manifestó.
Además, solicitaron capacitar al personal en temas de derechos humanos, de legalidad, seguridad jurídica, para que actúen adecuadamente, así como evaluaciones periódicas de control de confianza, de sus habilidades y capacidades. “Si los elementos están debidamente preparados y capacitados seguramente reducirá el número de situaciones donde se violenten los derechos humanos de las personas”, afirmó.
Por último, dijo que, como organismo de derechos humanos, están a favor de la libre manifestación de la ciudadanía, pero hacen un llamado a que las acciones sean de manera pacífica ordenada de los medios legales, y a las autoridades piden que se apeguen a derecho, respetos los derechos de las personas y no usar la violencia.
La SSP tiene 15 días hábiles para indicar si acepta o no las recomendaciones de la Codhey, y dependiente de ésta se da un seguimiento para que las cumplan.
Edición: Laura Espejo
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