Salario de miedo

José Luis Domínguez Castro
La Jornada Maya

6 de octubre, 2015

El pasado primero de octubre, entró en vigor en México la homologación del salario mínimo, con lo cual se terminaron las llamadas zonas salariales diferenciadas. Pareciera que esta medida corresponde a un serio estudio estadístico que promedió las necesidades básicas del mexicano, y nos puso a tono ante una realidad económica cuyas tendencias homogeneizadoras son inevitables. Muchos analistas creen que se trata de una medida que se añade a la reforma energética y a las otras políticas públicas encaminadas a atraer inversionistas globales ofreciéndoles “territorios de salarios bajos” que faciliten sus decisiones de inversiones empresariales.

Otros pensarán ilusamente que, con la eliminación de los salarios diferenciados regionalmente, se nos hace justicia a los mexicanos ubicados en las zonas B y C (de segunda o de tercera), de tal manera pareciera que gracias a esta medida, muy pronto en Huamantla, en Mérida o en Sombrerete, podríamos alcanzar el mismo nivel de vida de los ciudadanos de Guadalajara, de Monterrey o del D.F., cerrándose la brecha abierta entre regiones ricas y pobres, o como si fueran a desaparecer las diferencias dadas entre las ciudades en las que se ganaba más o menos.

Sin embargo, detrás de las estadísticas se esconden siempre verdades a medias, realidades no ponderadas, generalizaciones rápidas que ocultan otros elementos de la realidad: el incremento en las cifras de la pobreza extrema, el declinante poder adquisitivo de los trabajadores, las oleadas de nuevas necesidades consuntivas que abaten a los escaños más bajos de la pirámide poblacional haciendo para ellos aún más insuficiente el ya de por sí minado y minimizado “salario mínimo”.

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman escribió, refiriéndose a la sociedad global que “un puente se colapsa, no cuando la carga que sostiene supera la fuerza promedio de sus tramos, sino mucho antes, cuando el peso de la carga sobrepasa la capacidad portante de uno de sus tramos: el más débil*

No en vano, y como un fruto de la Revolución Mexicana, derivado de la aplicación del artículo 123 constitucional, las Juntas de Conciliación y Arbitraje pugnaron por décadas en favor de la justicia laboral, defendiendo a ese tramo, uno de los más débiles de la sociedad: los trabajadores de la ciudad. A la sombra de las Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) se sentaban a la mesa año con año representantes del gobierno, del capital y del trabajo a fin de llegar a puntos de acuerdo para equilibrar la armonía entre las partes, pero siempre reconociendo las diferencias entre una región y otra.

Hace 70 años, un destacado abogado yucateco, cuya tesis de licenciatura en derecho por la UNAM había versado justamente sobre las Juntas de Conciliación y Arbitraje (1938), llegó a formar parte de los organismos vinculados a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la naciente estructura del IMSS. Se trata del Lic. Gustavo Arce Cano, cuya carrera de servidor público arrancó desde el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1951). Su visión de la realidad nacional, enriquecida durante las campañas de los presidentes Adolfo Ruiz Cortines (1952) y Adolfo López Mateos (1958), le permitió reconocer las injusticias laborales cometidas en el campo laboral a lo largo y ancho del país, así como un amplio espectro de las diferencias salariales regionales que formaban el todo nacional. Sin duda su actuación pública en favor de la justicia laboral dejó huella durante los años de su prolongado ejercicio como servidor público, tanto en la Comisión Nacional en favor de la Producción (1955…) como en las otras instituciones en las que se desempeñó por más de 30 años. Sabemos de su deseo por gobernar su estado, siempre postergado y subordinado a la prioridad que este yucateco descendiente de D. Juan Crisóstomo Cano y Cano le diera a la atención de las tareas nacionales.

Lamentablemente no conocemos a muchos yucatecos actuales con su perfil. La dinámica actual del servicio público se mueve con otra lógica: se abandonan grandes puestos del servicio público federal, con tal de aspirar a los cargos públicos locales o de ganar posiciones en el ámbito regional.

La figura del Lic. Arce Cano, se fue fraguó a la sombra de su padre, el jurista yucateco Gustavo Arce Correa, destacado abogado que sirvió a la causa revolucionaria y que en Yucatán formó parte del equipo de asesores del Gral. Salvador Alvarado, como miembro del Ateneo Peninsular. La biblioteca de éste, que sirviera de fuente de consulta a su hijo, así como el abundante acervo del propio Lic. Arce Cano, quien fuera uno de los diseñadores del sistema de seguridad social, han pasado a formar parte del patrimonio de la Universidad Autónoma de Yucatán gracias a la reciente donación de la familia, representada por el Lic. Carlos Arce Tena.

Como ciudadano yucatanense por adopción y como universitario de convicción, me siento profundamente honrado con la adquisición del acervo “Arce Cano/Arce Correa”, integrado por cerca de 4 mil títulos, rico en materiales de consulta, particularmente relacionados con la justicia laboral, la economía, los derechos de los trabajadores y la conformación del salario mínimo promedio, temas por lo demás vigentes y de relevancia nacional. Indudablemente, los economistas, los laboristas e historiadores del derecho encontrarán aquí abundantes materiales para el estudio comparado del tema del salario promedio, que ojalá con el tiempo no se convierten “el salario del miedo”. Por cierto, dice el autor antes citado que eso de “la capacidad de carga promedio” –siguiendo la metáfora del puente– es solo “ficción estadística”, ya que no importa cuanta fuerza contengan los tramos pues “el tramo más débil es el que decide el destino del puente entero.” Ojalá que este nuevo salario mínimo promedio no sea algo que ponga en riesgo la estabilidad general del puente nacional que entre todos hemos construido y que todos queremos mantener.

*Cfr. [i]Daños colaterales. Desigualdades sociales de la era global[/i]. FCE, 2011.

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