Foto: tsjyuc.gob.mx
La Jornada Maya

Mérida
9 de junio, 2015
Organizaciones civiles destacadas en materia de promoción de derechos humanos informan, a través de un comunicado conjunto, que el Tribunal Colegiado en materias civil y administrativa del décimo cuarto circuito con sede en Yucatán, admitió el día de ayer una demanda de amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ante la negativa de éste a reconocer la obligación que tiene el Congreso de Yucatán de permitir el matrimonio y el concubinato entre parejas de personas del mismo sexo.

Como antecedente, el dos de marzo pasado, el pleno del Tribunal Superior de Justicia resolvió una acción contra omisión legislativa, presentada por organizaciones de derechos humanos, según la cual el Congreso del Estado había incurrido en una omisión constitucional al garantizar la protección de las figuras jurídicas de matrimonio y concubinato solamente a parejas heterosexuales, a pesar de que la Constitución Yucateca, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y distintos tratados internacionales reconocen a las parejas del mismo sexo como familias y, por lo tanto, con derecho a la protección de las figuras jurídicas mencionadas.

El proyecto de sentencia en sentido negativo fue redactado por el Magistrado Jorge Rivero Evia, quien se ha distinguido como investigador en materia de derechos humanos y ha participado en diversos foros promoviendo su implementación en la rama judicial. Esta sentencia declara improcedentes las opiniones presentadas por organizaciones nacionales y extranjeras, al considerarlas no afectadas por no tener residencia en el estado, y que el derecho a la no discriminación, al ser un principio, no es exigible por la vía judicial.
Las organizaciones firmantes - Indignación A.C.; la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE A.C.) y Oasis de San Juan de Dios A.C. –consideran que este fallo obstaculiza el reconocimiento de los derechos de la población homosexual y estableció serias barreras en la interpretación de los derechos humanos en Yucatán. En consecuencia hace un llamado al Tribunal Colegiado en materia civil y administrativa del décimo cuarto circuito para que resuelva la demanda de amparo en lo que a justicia corresponda.


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