Derechos humanos

Texto y foto: Paul Antoine Matos
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 8 de noviembre, 2016

Aunque Yucatán no es el lugar con más graves violaciones ni se encuentra entre los que atraviesan las condiciones más críticas, y el comportamiento de sus aparatos de justicia es distinto al del resto del país, no escapa de la reproducción de la impunidad que ocurre en México, declaró Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) entre 2012 y 2016.

Durante su participación en la Tercera Jornada de Derechos Humanos, ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Álvarez Icaza declaró que prácticas policiacas de tortura o ejecuciones extrajudiciales son regulares en México, pero continuarán ocurriendo si ese delito no es castigado, debido a que la impunidad manda el mensaje de que “sí se puede hacer”.

“Que la autoridad cometa delitos para combatir el delito no sólo es una derrota ética, sino un hecho delictivo. Que el Estado cometa delitos hace que haya dos tipos de delincuentes: los que tienen placa y los que no”, manifestó.

Las violaciones graves a los derechos humanos se cubren por complicidad, incapacidad u omisión, aseguró. “Que las policías municipales torturen no es nuevo, venimos escuchándolo desde hace mucho tiempo, la pregunta es ¿dónde están los culpables por esos delitos?”

A los policías se les entiende como problemas y un riesgo. Los ciudadanos quieren protección pero los servidores públicos no otorgan confianza, aseguró. Aunque también aceptó que los agentes deben ser protegidos, porque en el interior de las corporaciones hay condiciones indignas, entonces si no se les apoya, “seguramente complementarán su quincena con infracciones, mordidas o delitos”.

El ex ómbdusman latinoamericano también criticó a la Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) por su falta de participación en la Jornada, lo que es una demostración del poco interés de actuar en defensa de los derechos Humanos. “No la extrañamos”, expresó.

Aunque no especificó si la Codhey es una de ellas, manifestó que las comisiones estatales son omisas a las situaciones y son “parte del aparato de negligencia criminal del Estado”. Señaló que el dinero asignado se destina a los sueldos y los presidentes sólo buscan un puesto político.

“Algunas de las comisiones estatales no son más que simuladores que se preocupan del próximo puesto y quedar bien con el gobernador”, apuntó.
En México se gastan más de 200 millones de dólares al año en los 33 organismos de derechos humanos y aun así es el país más denunciado en la CIDH, con el 40 por ciento de los casos entre los 35 países miembro, reveló.
Justicia propia

Declaró que México vive una crisis en la materia y un proceso de descomposición gradual, en el cual los mecanismos de justicia son incapaces de responder a los familiares de las víctimas. Ejemplo de ello es el caso Ayotzinapa, en el que a dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos en Iguala, aún se desconoce el paradero de estos.

“A dos años, vergonzosamente México no puede dar explicaciones, lo que lo pone en ridículo en la comunidad internacional y, en términos internos, ¿qué caso le harán a una víctima pobre o desconocida”, expresó.

Indicó que es insuficiente sólo tener detenidos, oficios o diligencias, ya que los padres exigen la aparición de sus hijos. “Pareciera que la lógica de la actuación es el control de daños”, agregó.

Manifestó que la administración de Enrique Peña Nieto “cambió radicalmente su postura con los organismos internacionales, con más de 15 conflictos con las instancias. Se pasa a una posición de negar lo que sucede y un aparato de la cancillería que muestra una realidad cosmética de lo que ocurre en México, alejada de la legalidad”.

Afirmó que “corrupción e impunidad erosionan la confianza, y la gente resuelve por la vía privada. Hay un miedo a denunciar el derecho de piso, porque si denuncia no sabe si está denunciando al extorsionador.

“Tenemos autoridades delincuenciales, hay gobernadores prófugos y sólo nos enteramos de cuántas casas tienen y dónde, ¡es un cinismo atroz! No podemos acostumbrarnos a la impunidad.

“Cuando la gente toma justicia por propia mano, es un reflejo de la incapacidad de las instancias de justicia”.