Yucatán, libre de OGM’s

Paul Antoine Matos
Foto: Valentina Álvarez Borges
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 31 de octubre, 2016

Con la publicación del decreto que declara a Yucatán libre de transgénicos, el estado se convierte en el primero del país que toma esa decisión.

La decisión de establecer al estado como zona libre de Organismos Genéticamente Modificados (OGM’s), se debe a diversos factores, según se publicó en el Diario Oficial de Yucatán: el riesgo que significan para la salud de los seres humanos, pues se les ha asociado al cáncer; la contaminación del subsuelo y manto acuífero peninsular, debido a que el suelo es de tipo cárstico; por tanto, permea más fácilmente y el daño a la economía de los campesinos indígenas, cuyo sustento es la apicultura.

El decreto establece que “se estima necesario aplicar el principio de precaución ante el daño moralmente inaceptable de amenaza para la salud por la presencia de soya transgénica y el uso extensivo de agroquímicos; por el daño grave e irreversible a la actividad apícola, porque es injusto para las futuras generaciones”.

“Y porque atenta contra los derechos humanos de los productores mayas milperos o apicultores, la consulta previa, libre e informada, el derecho al trabajo, a la alimentación, a la comercialización e industrialización y a la propiedad social, así como el derecho humano a un ambiente sano”.

Con el decreto, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, junto a la Secretaría de Desarrollo Rural, tendrán que promover el uso de los cultivos orgánicos con la inclusión de los productores agrícolas, la entrega de semillas libres de OGM’s, la capacitación de los campesinos sobre el cuidado de los cultivos y la supervisión de los mismos para su correcto funcionamiento.

[b]Economía maya[/b]

La economía de los mayas en Yucatán fue una de las cuatro razones por las que se establecieron las zonas libres de transgénicos en la entidad, ya que las comunidades se mantienen de la apicultura. Se tomó en consideración que “México ocupó el sexto lugar en producción de miel a nivel mundial con 56 mil toneladas, en el año 2010”.

La miel, se indica, es apreciada por su alta calidad en cuanto a propiedades, aroma, sabor y color. Cuenta con una exportación del 60 por ciento a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, generando al año 56 millones de dólares; eso la coloca como la tercera actividad más importante en el subsector pecuario.

En el 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentados en el decreto, la península de Yucatán produjo el 40 por ciento de la miel de México; Yucatán ocupó el 14.9 por ciento nacional, con ocho mil 302 toneladas. “El estado es reconocido como el principal punto de comercialización de miel en el país, al exportar más del 90 por ciento de su producción a Europa, principalmente a Alemania”.

Ese mismo año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que se considere al polen presente en la miel “como un ingrediente y no como un componente; en consecuencia, determinó que la miel con trazas de polen genéticamente modificado debería recibir la aprobación regulatoria”, antes de su comercialización en ese continente.

De igual forma, “los contratos de compraventa de miel para exportación especifican la condición de ser libre de organismos genéticamente modificados, debido a las exigencias impuestas por los consumidores europeos”.

Ante ello, en 2012 el laboratorio alemán Eurofins Genescan detectó presencia de transgénicos en la miel exportada de Yucatán, proveniente de Tekax.

En Yucatán hay 11 mil apicultores y 16 apiarios, con derrama económica de más de 400 millones de pesos, por tanto debe atenderse el riesgo para la economía estatal basada en la venta de miel, incluida la orgánica, debido a “la coincidencia geográfica existente entre las zonas de producción de miel y los polígonos autorizados para la liberación de la soya transgénica en su etapa comercial”.

En cuanto a la polinización, el 80 por ciento es llevada a cabo por las abejas, por lo que “existe un alto riesgo de contaminación generada a partir de organismos genéticamente modificados mediante la dispersión del polen vía agentes polinizadores, sin que exista la posibilidad de control por parte de los productores de miel.”

Se cita a la Constitución Política del Estado de Yucatán, en la que se reconoce “el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico, en armonía con la unidad estatal, es acceder al uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestre de los lugares y sitios que habiten o en los que se encuentren ubicadas las comunidades”.

[b]Medio ambiente[/b]

El decreto considera los efectos sobre el medio ambiente y la subsistencia de las poblaciones campesinas en la biodiversidad, con las prácticas tradicionales como la milpa, la apicultura, la ganadería de traspatio, entre otras.

En Yucatán, son más de 45 mil familias que trabajan y dependen del sistema agroforestal, que genera ingresos familiares de más de 130 millones de pesos al año, con una creciente demanda en aceites y grasas de origen vegetal, así como la elaboración de forrajes, lo que impulsa el monocultivo extensivo de oleaginosas para “expandir la frontera agropecuaria”.

Eso ha provocado el uso de plaguicidas y herbicidas para combatir y controlar las plagas y malezas, lo cual genera graves daños a la biodiversidad, la calidad del agua y el suelo de la entidad.

“En la evaluación de los posibles efectos adversos deben considerarse tanto a los organismos genéticamente modificados como a los herbicidas, pesticidas y demás insumos integrantes del paquete tecnológico; de igual forma debe tomarse en cuenta que los efectos sobre la flora y la fauna son diversos y desconocidos, pero, en muchas ocasiones resultan negativos y ponen en riesgo la biodiversidad afectando las fuentes de polen y néctar de la flora silvestre y cultivada”.

Yucatán recibe fenómenos como depresiones tropicales y huracanes, que provocan la dispersión de semillas de OGM’s.

También, las reservas acuíferas son “altamente vulnerables al uso de herbicidas y otros agrotóxicos, como el glifosfato que pone en riesgo la biodiversidad de fauna y flora acuática y terrestre, particularmente a las especies nectapoliniferas importantes para la actividad apícola”.

[b]Salud[/b]

La alta demanda de oleaginosas se encuentra en los OGM’s, especialmente la soya transgénica que es resistente al glifosato 1, plaguicida usado en el campo.

Además está el Roundup que, junto al glifosfato, “son disruptores endocrinos, los cuales son tóxicos y letales para las células humanas. En los animales alteran las funciones de las hormonas y las enzimas, causando anomalías congénitas e impidiendo su desarrollo”.

Entre los daños que generan son al ADN de las células, lagrimeo, coriza, laringitis, dolor de cabeza y náusea; según estudios el glifosfato se relaciona con anomalías congénitas como microcefalia, anencefalia y malformaciones del cráneo, así como abortos espontáneos, revela el decreto.

Además, existen químicos como formaldehido y N-nitrosos que son cancerígenos, según estudios del [i]Journal of American Cancer Society[/i], cita el documento.

“A medida que las malezas adquieren resistencia al glifosfato, con el tiempo requieren de más herbicidas para controlarlas, hasta llegar a un punto en que ya no es eficaz, aún cuando la cantidad aplicada sea grande, de esa manera los agricultores se ven obligados a retomar el uso de antiguos herbicidas tóxicos.”

Además, “el proceso de transformación transgénica es impreciso y puede causar mutaciones generalizadas, ocasionando cambios potencialmente importantes en el ADN de las plantas. Estas mutaciones pueden alterar directa o indirectamente el funcionamiento y la regulación de los genes produciendo efectos impredecibles y dañinos”.

En ese sentido, los autores del decreto se adhieren al principio de precaución, determinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que considera que “cuando las actividades humanas pueden conducir a un daño moralmente inaceptable, que es científicamente plausible pero incierto, se adoptarán medidas para evitar o disminuir ese daño.

[b]Historia[/b]

En el decreto se reconoce que los OGM’s, han estado presentes en Yucatán desde el 2005, durante la fase experimental y piloto, realizados sin anuncio de su uso y de las medidas de prevención de los riesgos posibles para la biodiversidad y las actividades productivas de las comunidades rurales y costeras.

Posteriormente, en 2011 se autorizó la liberación de una superficie delimitada de dos polígonos, que juntos suman un millón 56 mil 961 hectáreas; además de otro millón en Campeche y Quintana Roo.

La superficie, se indica, incluye la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, que contiene el 22 por ciento de las selvas, el 20 por ciento del hábitat potencial de especies como el jaguar y el 16 por ciento de las áreas de recarga del manto acuífero estatal. Ahí, “se sembraron superficies extensas”, al igual que en el nororiente de la entidad, cerca de la Reserva de la Biósfera de Río Lagartos.

En junio de 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), autorizó la liberación en Yucatán de la soya transgénica en etapa comercial, “contraviniendo las opiniones de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.