Ejidatarios denuncian fraude

Texto y fotos: Katia Rejón y Pablo Rojas
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 24 de octubre, 2016

Con la intención de recuperar sus tierras, cuatro ejidatarios del municipio de Ucú interpusieron una denuncia contra el empresario Víctor Abraham Jorge Esquivel por los delitos de fraude y posesión de dinero de procedencia ilícita. Hasta la fecha, el empresario no ha comprobado la fuente de los 6 millones 940 mil pesos que le fueron incautados por agentes ministeriales federales de la PGR el día 4 de septiembre, justo afuera de la casa ejidal de Ucú y por denuncia de los ejidatarios disidentes. Ese día, alrededor de las 9 horas, Jorge Esquivel pretendía pagar el finiquito de la compra de 161.5 hectáreas del ejido de Ucú, mediante un sistema de compra ilegal.

En marzo del presente año, 17 ejidatarios de los 355 que conforman el ejido de Ucú se negaron a la venta de la parcela que les corresponde como parte de un terreno de uso común. Los ejidatarios denuncian que el comisario ejidal, Géner Ismael Pech León, y el subprocurador de la institución agraria, Manuel Jesús Ontiveros Sosa, se dedican a ofertar las tierras del municipio, pactando un precio con los compradores sin consensuar en la asamblea ni la cantidad del dinero, ni el número de hectáreas que se venderán.

El 18 de marzo, el comisario Pech León convocó a una asamblea para presentar la oferta del empresario y su socio, los señores Víctor Abraham Jorge Esquivel y José Gabriel Medina Espinosa. Los ejidatarios propusieron que el precio fuera de 30 pesos por metro cuadrado a lo que el comisario respondió que no lo pondría a votación. Esto constituyó una primera violación al artículo 23 de la Ley Agraria, que estipula la competencia de la asamblea ejidal.

Durante aquella asamblea, los ejidatarios que aceptaron la venta recibieron un pago individual de 3 mil pesos como anticipo, una cantidad de 1 millón 65 mil pesos en total. Posteriormente firmaron un contrato de usufructo que el líder ejidal menciona como parte del papeleo necesario y los ejidatarios reconocen como un tipo de recibo. Sin embargo, el usufructo es una garantía legal que la Ley Agraria estipula como renta de las tierras ejidales a terceros (sólo ejidatarios pueden ser posesionarios legales) por un periodo no mayor a 30 años. De esta manera, tanto los compradores como el comisario se aseguraron de que si al día siguiente -o en un plazo de 90 días- los propietarios quisieran renunciar a la venta, tendrían que ceder el uso de su tierra al menos por las siguientes tres décadas.

El primero de mayo se llevó a cabo una siguiente asamblea en la cual quienes aceptaron la venta recibieron 34 mil pesos más, como adelanto de la compra, y se acordó que el pago final, de 18 millones 450 mil pesos, se haría el día 4 de septiembre en la casa ejidal de Ucú. Los inconformes con la compra solicitaron las actas, sin ninguna respuesta, lo cual constituye una segunda violación a la Ley Agraria ya que en el artículo 31 se obliga a que toda asamblea termine con un acta informativa sobre los acuerdos tomados y ésta sea firmada por los presentes y por las autoridades.

Los 17 disidentes no aceptaron el dinero y acudieron a la Procuraduría Agraria, donde el subsecretario Manuel Jesús Ontiveros Sosa les hizo firmar un convenio que no especificaba dónde se les concederían las tierras correspondientes, ni el número de hectáreas y fecha de entrega de las mismas. El licenciado Alfonso Narváez Márquez, quien representa a los ejidatarios en el proceso de demanda, señaló que la venta de las parcelas, aun con el consentimiento del ejidatario, es ilegal. En la misma asamblea se nombró a los compradores como avecindados y ejidatarios, a pesar de que la Reforma Agraria estipula que sólo pueden ser avecindados aquellos que han residido en el municipio al menos por un año, y sólo pueden ser ejidatarios aquellos que son avecindados.

Al no tener respuesta acerca del destino de sus parcelas, el abogado de los campesinos interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República, por posesión de dinero de procedencia ilícita el día 3 de septiembre; la averiguación 422 del 3/09/16. Narváez Márquez manifiesta que al tener conocimiento de que la venta se hace sólo con dinero en efectivo, y sin ningún tipo de comprobante, cheque o transferencia, lograron la detención de Víctor Abraham Jorge Esquivel, un empresario de Mérida egresado de la Universidad Anáhuac Mayab, y su contador, Jairo Cervera Córdoba.

El día de la detención, el abogado asistió a la casa ejidal de Ucú para constatar que se realizara el operativo. Los agentes de la PGR detuvieron al automóvil descrito en la denuncia y encontraron en la cajuela la mitad del dinero que se pagaría como saldo; más de 6 millones. En presencia de los ejidatarios, el comprador y el dinero fueron llevados a la PGR. Debido a la interrupción del pago, el resto de los campesinos que esperaba el finiquito se dirigieron al abogado, quien fue señalado como culpable por el líder ejidal Géner Pech. Lo retuvieron detrás de una patrulla de la SSP por más de cinco horas, mientras le insultaron y aventaron comida y objetos. Se pidieron refuerzos policiacos, que nunca se presentaron.

A la fecha, sólo cuatro de los 17 ejidatarios continúan con la denuncia. Don Benito, uno de los campesinos, dijo en entrevista que como sus compañeros, él también ha sufrido hostigamiento: “Que si continúo con esto me van a golpear. Yo trabajo el monte desde los 12 años ¿y para qué? para mantener bandidos. La casa del comisario era de piedra, humilde. Ahorita tiene piscina, su jardín, coches y motos. ¿De dónde?”. Alfonso Narváez comenta que a través de otras personas le han llegado amenazas, “no vamos a descansar hasta romperte la madre; te van a dar la madriza de tu vida”.

El 25 de septiembre se celebró una asamblea convocada por Géner Ismael Pech León, en la cual se retiró el derecho de voz y voto de los ejidatarios inconformes. El comisario también enfrenta una denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad, por parte del abogado Alfonso Narváez, debido a que el día de la detención de Víctor Abraham Jorge Esquivel fue retenido por más de 5 horas por los pobladores que no recibieron el pago, azuzados por el líder ejidal.

Como parte de las pruebas en su defensa, el acusado entregó un acta de asamblea posterior a la del 1 de mayo, en la que se indica que la cantidad de hectáreas vendidas fue de 192 y no 161.5, por el precio de 30 pesos, no 15, el metro cuadrado. Aún se desconoce dónde está el resto del dinero de la compra, pues a los ejidatarios se les ofreció pagar solamente la mitad de ese precio, y los involucrados niegan el conocimiento de esa última asamblea. La ubicación exacta de las tierras todavía se desconoce pero según el croquis presentado por la PGR a la parte demandante, ésta se encuentra cerca de la carretera a Hunucmá, por donde el Grupo Modelo está construyendo una cervecería.

En entrevista con Eduardo Lliteras, quien ha publicado en su portal de noticias conflictos de tierras ejidales, comentó que Yucatán es uno los estados en los primeros lugares con más conflictos agrarios sin resolver, y lo atribuye a que hay muchas instituciones, intereses económicos y políticos involucrados. “La tierra es un botín, ambicionado por el sector hotelero, agrícola, de bienes raíces, donde están vinculados grupos políticos, abogados, personas que conocen el [i]modus operandi[/i] y lo manipulan para adquirir la tierra”, opinó.

Los campesinos aclaran que ya no buscan un acuerdo con el empresario; quieren la parcela que les corresponde y que se contó como parte de la venta, así como la destitución del subprocurador agrario Manuel Jesus Ontiveros Sosa y del comisario Géner Ismael Pech León.