Óscar Rodríguez
Foto: Ap / Archivo
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 23 de septiembre, 2016
La llegada de Uber y otras plataformas tecnológicas generó que el Congreso del estado legislara en la materia, lo cual vino precedido amenazas y de una agresión de taxistas a socios de la empresa que utiliza una aplicación de celular para prestar el servicio de movilidad urbana.
Desde los primeros días de marzo de este año se incrementaron los conflictos en materia de transporte, en virtud de que la empresa yucateca Ryde & Go comenzó a denunciar detenciones arbitrarias y retenciones ilegales de vehículos que prestaban el servicio a través de dicha plataforma.
El 8 de marzo de 2016 comenzó a operar en Yucatán la empresa internacional Uber, lo que desató fricciones con el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV).
El 25 de mayo se registró un enfrentamiento cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, cuando integrantes FUTV agredieron física y verbalmente a choferes que prestaban el servicio mediante Uber, ante la negativa de abandonar el espacio que estaban ocupando.
Tras los hechos violentos, que tuvieron una considerable difusión mediática, el gobernador Rolando Zapata Bello presentó al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, en materia de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas, la cual se turnó a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura para su estudio y dictamen.
Ese mismo día, el diputado Raúl Paz Alonzo presentó a nombre de la fracción del Partido Acción Nacional una iniciativa en el mismo sentido, pero con consideraciones dirigidas a eliminar cualquier rasgo de monopolio.
Luego de un debate, que duró más de 15 días en comisiones, en el que se expusieron las diferencias sustanciales de ambas iniciativas: la del Ejecutivo local contemplaba control de número de unidades, montos mínimos de vehículos y un impuesto severamente cuestionado, en tanto la segunda proponía la entrada total de este tipo de plataformas.
Las manifestaciones sobre el impuesto del 10 por ciento de cada operación derivaron en el retiro de este punto de la iniciativa, lo cual realizó Roberto Rodríguez Asaf, secretario general de Gobierno, minutos antes de la votación.
El 14 de junio, la iniciativa se aprobó en sesión ordinaria del pleno, en los términos propuestos por el gobernador.
El 23 de junio entró en vigor la reforma a la Ley de Transporte, sin embargo los agremiados del FUTV insistieron en competencia desleal.
Para el 28 de junio, el grupo parlamentario del PAN presentó una nueva iniciativa con miras a modificar las disposiciones recién aprobadas “y enmendar los vicios que presentaban”. Esto abrió la puerta a una nueva discusión, en la que se pidió se revelara la propiedad de concesiones de taxis, sugiriendo intereses de particulares dentro del Congreso.
El 7 de julio, el diputado José Elías Lixa Abimerhi presentó un punto de acuerdo para transparentar concesiones, el cual fue desechado.
El 27 de agosto entró en vigor el reglamento de la “Ley Uber”, dando a las empresas que prestan servicios de movilidad urbana 120 días para cumplir con sus especificaciones.
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