Manos limpias

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 30 de agosto, 2016

Para la diputada local Celia María Rivas Rodríguez y para secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso Triay Peniche fue conforme derecho, por lo que la responsabilidad de liberar o no al indiciado como autor intelectual, Luis Enrique Lara González, es responsabilidad del Tribunal Segundo de Juicio Oral.

Abordados por separado, la legisladora priísta y el funcionario estatal opinaron sobre el desplegado emitido por la familia del siquiatra asesinado, Felipe de Jesús Triay Peniche, ocurrido hace dos años a manos de Pablo G.G., según el cual Rivas Rodríguez es responsable de las fallas en que incurrió la FGE.

Cuestionada al respecto, la ex fiscal del estado indicó que como titular de la FGE sólo le tocó integrar el inicio de la carpeta, por lo que no se le puede atribuir la responsabilidad total del trabajo que realizaron los agentes del Ministerio Público.

“Lo que me tocó realizar fue la detención y la vinculación a proceso. Todo el proceso legal lo llevó a cabo la actual Fiscalía. La carpeta se fue integrando con el paso del tiempo; todo el proceso, desahogo de pruebas y concluir la integración, prácticamente integrar la carpeta no me tocó a mí”, aseguró.

Lamentó que los jueces hayan liberado a Lara González, sin embargo, confió en que se logre su reaprehensión con base en la impugnación que realizarán los fiscales que llevan el caso.

“Desconozco los criterios que tuvieron los jueces para declarar que hubo una [i]duda razonable[/i]. En su momento hicimos lo que nos correspondía, apegados a derecho. Se obtuvieron las órdenes de aprehensión y se vinculó a proceso a los presuntos culpables”, comentó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Rodríguez Asaf, aseguró que el trabajo desarrollado por los fiscales fue conforme a derecho.

“Ellos presentaron las pruebas suficientes. Lo importante es que se condenó al autor material del crimen. La Fiscalía va a solicitar la pena máxima y en el caso del copartícipe, la dependencia estatal aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad; el juez tuvo un criterio diferente y entiendo que la Fiscalía va a recurrir a la siguiente instancia”, concluyó.