Proceso de la Fiscalía, en duda

Paul Antoine Matos
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, yucatán
Lunes 29 de agosto, 2016

A través de un comunicado, Manuel Triay Peniche, periodista y tío de Felipe Triay Peniche, cuestionó la resolución del Tribunal Segundo de Juicio Oral, en el caso del asesinato de su familiar, mediante la que se absolvió del crimen al siquiatra Enrique Lara. Afirmó que su familia tiene una duda razonable sobre el proceso. El periodista establece en su texto, sin mencionar el nombre, que un “alto funcionario de Justicia del estado” calificó el procedimiento como “un montaje mal hecho”. Asimismo, cuestiona a la hoy diputada Celia Rivas Rodríguez, quien fue fiscal en el momento del homicidio, razón por la que se encargó de la integración de la carpeta de investigación.

“Por una u otra, por ignorancia o perversidad, habrá que llamar a cuentas a la licenciada Celia Rivas, actual presidente del Congreso, bajo cuya responsabilidad se integró la carpeta de investigación, para que nos informe a qué obedeció su decisión de inculpar a una persona de la que no tenía pruebas suficientes y contundentes”, escribió en el comunicado.

Entrevistado por [i]La Jornada Maya[/i] vía telefónica, manifestó que “nosotros estamos con la duda razonable, porque no hubo pruebas contundentes, o porque el trabajo de la Fiscalía fue incorrecto o fue insuficiente”.

En el comunicado señaló que “¿será que no había pruebas suficientes en contra de Lara o debemos manifestar, como días antes lo hizo un alto funcionario de la Justicia en el Estado: fue un montaje mal hecho?”.

Al respecto, respondió que él no estuvo presente cuando el funcionario dijo aquellas palabras, pero “si esto fuera cierto, y lo aclaro muy bien, si esto fuera cierto, sería una irresponsabilidad de la Fiscalía, porque ¿cómo se atrevió a acusar a una persona inocente? Eso sería un montaje para aparentar que alguien cometió un homicidio”.

Sobre las pruebas, que la Fiscalía recabó durante dos años con 150 elementos, y personal dedicado exclusivamente a llevar el caso, declaró que “el propio Tribunal admitió que con la tarjeta del doctor Triay se compraron unos aires acondicionados cuyas cajas utilizó Pablo Santos para depositar el cadáver mutilado de la víctima, pero no hizo mención de quién realizó la compra que, de acuerdo con dos de los testigos, empleados de la tienda, la hizo Enrique Lara”.

“Tampoco mencionó el Tribunal la acusación de la Fiscalía sobre la noche del 15 de agosto de 2014 cuando, como declaró la encargada del estacionamiento de la Clínica CEM, Enrique fue por la camioneta de Felipe, quien momentos antes había abordado en el Hyatt el auto de Pablo Santos para ir a donde le dieron muerte”.

“¿Qué motivó la Duda Razonable de los juzgadores: será que hubo, como suele ocurrir en nuestro país, una mano negra oficial o económica que los obligó, convenció o motivó a decretar la libertad de Enrique, o es que de verdad valoran más tener un culpable en la calle que un inocente en la cárcel? No lo podremos saber, pero nos asiste una duda razonable, insisitió.