FGE habría violado derechos humanos

La Jornada Maya
Screenshots de video

Mérida Yucatán
Miércoles 20 de julio, 2016

El caso Crecicuentas ha tomado un nuevo giro, al revelarse los pormenores de la detención de los hermanos Miguel Ángel, Claudia Rubí y Jorge Alberto Argáez López, además de la madre de estos, Lina Rubí de Guadalupe López Conrado, puesto que la autoridad habría incurrido en serias violaciones a los derechos humanos entre las que se cuentan allanamiento de morada, amenazas, lesiones, detención ilegal e incomunicación, entre otras.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) abrió el expediente 073/2016, en el que se detalla cómo los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) irrumpieron sin orden alguna en un predio de la calle 17 entre 38 y 40 de la colonia San Damián, donde aprehendieron con lujo de violencia a Miguel Ángel Argáez el pasado 11 de enero, alrededor de las 18 horas. El expediente se encuentra en etapa de investigación e integración de los hechos, por lo que se ha solicitado a la FGE, así como al juez de control y al sexto penal, informes de colaboración.

En el video obtenido por este medio, que también fue presentado como prueba ante el juzgado primero de distrito en el juicio de amparo 035/2016, puede observarse cómo un grupo de personas encapuchadas y armadas entra por la fuerza al domicilio, golpean y someten a una mujer y suben a un segundo piso; momentos después, bajan con el detenido, que trae la camisa rota, y se aprecia cómo los sujetos se llevan dos computadoras.

De acuerdo con declaraciones del titular de la Secretaría General de Gobierno de Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, fue él quien coordinó este operativo, en el cual también fueron detenidos –en lugares distintos-, Jorge Alberto y Claudia Rubí Argaez, así como Lina Guadalupe López.

La FGE emitió el oficio FGE/DPMIE/035/2016, signado por Efraín Castañeda Hoil, jefe del departamento para la Investigación de los Delitos de la Policía Ministerial Investigadora, quien afirma que el arresto de Miguel Argáez fue en total apego a los procedimientos.

Según las autoridades, los agentes ministeriales se apostaron a una distancia prudente del predio de San Damián y esperaron a que el acusado saliera, “cosa que ocurrió aproximadamente a las 18:35 horas… y razón por la que los elementos se acercan hasta donde él se encontraba, (y) se identifican plenamente”.

“Cosa que bastó para que el señor Miguel Ángel Argáez López comenzara a correr –añade el documento oficial- intentando huir del lugar, razón por la que a través de comandos verbales se le indicó que se detuviera, haciendo caso omiso; al darle alcance se tornó agresivo comenzando a golpear a uno de los Agentes, razón por la que haciendo uso racional de la fuerza, hubo necesidad de controlarlo mediante la Reducción Física de Movimientos (sic)”.

Llama la atención que ese oficio, emitido por la FGE en respuesta a la investigación de la Codhey, difiere en varios detalles con el parte informativo del 28 de enero de 2016, en el que el agente César Israel López Pech asegura que el ahora detenido sufrió una caída y fue con ayuda de más elementos que lo aprehendieron.

Lo cierto es que la nueva evidencia revela que los elementos de la Fiscalía han incurrido en falsedades, toda vez que nunca pensaron que habían sido grabados en video cuando irrumpieron en la oficina de la calle 17 entre 38 y 40 de la colonia San Damián.

Ante la presión de las llamadas Abuelas de la Plaza Grande, encabezadas por Blanca Isela Ruz Morales y Dulce María Berzunza Escaroz de Pérez, así como de los hermanos José Luis y Eustacio Rodríguez Fuentes, quienes amagaban con hacer una protesta durante el tercer informe de gobierno de Rolando Zapata Bello, fue que días antes se llevó a cabo este operativo.

Ante la premura por desactivar una movilización que opacara el acto político, Rodríguez Asaf organizó las detenciones.

Pese a que la FGE se declaró incompetente para investigar las acusaciones de fraude en contra de los directivos de Crecicuentas el 3 de noviembre de 2014, conforme al acta 01/000299/2013 de la Dirección de Averiguaciones Previas, y que los acusados estaban bajo la protección de un amparo, se presionó para que la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia revocara las decisiones previas y, entonces, decretó un auto de formal prisión en contra de los Argáez López.

Así, Jorge Andrés Vázquez Juan, quien fuera juez sexto penal, emitió la orden de reaprehensión, que fue recibida por la FGE a las 15 horas del 11 de enero. El problema es que desde las 10 de la mañana ya habían detenido Jorge Alberto, Claudia Rubí y Lina Guadalupe, sin orden alguna, quienes fueron retenidos ilegalmente hasta pasadas las 18 horas, cuando los entregaron al Ministerio Público.

[b]El operativo[/b]

Alrededor de las 9 horas del pasado 11 de enero, tres personas vestidas de civiles y una más que portaba un chaleco con el logotipo de la Comisión Federal de Electricidad, a bordo de una camioneta doble cabina tipo Lobo color blanca, se apostaron a las afueras de la casa de Lina Guadalupe López Conrado, ubicada en la calle 21 entre 14 y 16o de la colonia Jardines de Miraflores.

La mujer, madre de los hermanos Argáez López, se encontraba en la cochera de su domicilio con las rejas abiertas cuando se le aproximó el hombre que vestía como electricista e irrumpió en el predio, seguido por los otros tres. Fue sacada a rastras de su domicilio e introducida por la fuerza en la camioneta. Ahí le colocaron una toalla en la cabeza. Así, la llevaron por distintos rumbos de la ciudad hasta que, cerca de las 18 horas, la entregaron al Ministerio Público y, posteriormente, fue remitida al Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso).

Lo inusual del movimiento y la violencia con la que fue ejecutado hizo que vecinos del rumbo solicitaran la presencia de la policía, pues pensaron que se trataba de un secuestro. De esa manera, arribaron al lugar las patrullas 2073 y 6220 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tal como está asentado en las declaraciones de los testigos ante las autoridades garantes de los derechos humanos.

Los elementos policíacos, al iniciar las primeras indagatorias, confirmaron que todo se había tratado de un operativo de aprehensión realizado por agentes de la FGE, y así lo reportaron a sus superiores.

En acciones conjuntas, a esa misma hora de la mañana, fueron capturados Jorge Alberto y Claudia Rubí, el primero en las inmediaciones de Ciudad Caucel y la segunda por el rumbo de Dzityá, donde utilizaron un falso retén policíaco.

Lo preocupante de esas tres detenciones es que fueron realizadas sin orden emitida por un juez, ya que ésta fue otorgada hasta las 15 horas, es decir, casi seis horas después de que los arrestaron. En ese tiempo los habrían torturado sicológicamente a bordo de distintos vehículos, conforme a lo narrado en el expediente de la Codhey.

Alertado de lo anterior, Miguel Ángel Argáez se mantuvo a resguardo en el interior de su oficina, hasta que agentes de la Policía Ministerial Investigadora ingresaron por la fuerza y lo sacaron con violencia, como se puede apreciar en el mencionado video.

[b]Previo a las detenciones[/b]

En algún momento no determinado del 11 de enero de 2016, la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán votó por unanimidad la revocación de la libertad por falta de elementos que se había dado a los hermanos Argáez López y su madre.

Con este sustento, el juez Vázquez Juan emitió la orden de reaprehensión, misma que fue recibida por la Fiscalía a las 15 horas de ese mismo día, seis horas después de la detención de Jorge Alberto, Claudia Rubí y Lina Guadalupe. Es decir, la FGE actuó sin la orden respectiva, lo cual puede corroborarse con las declaraciones de los testigos y la movilización de las patrullas en el caso de Lina Guadalupe.

[b]La historia del préstamo[/b]

El caso Crecicuentas data de 2012, cuando dos ex trabajadores de esa sociedad de ahorro y préstamo, David Loría Camino y Wilberth Luna Martín, empezaron a esparcir el rumor de que había una quiebra y se estaba elaborando un fraude. En febrero de 2013 se presentó una serie de denuncias contra los ahora detenidos, que en total sumaron 210 averiguaciones previas.

Al agotarse las primeras indagatorias el 3 de noviembre de 2014, la Fiscalía de Yucatán se declaró incompetente y turnó los casos a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que a nivel estatal quedaba improcedente cualquier delito por tratarse de un asunto federal, conforme lo establece el acta número 01/000299/2013 y de la Dirección de Averiguaciones Previas de la FGE. Por esto mismo, resulta extraña la decisión -dos años después- de la Sala Colegiada Penal.

Durante 2015, el juez sexto penal en el estado, Manuel de Jesús Soberanis Ramírez, obsequió una orden de aprehensión por otra de las tantas investigaciones abiertas. Ante ello, los Argáez López recurrieron a un juicio de amparo que les otorgó la protección de la justicia federal, pues no se habían acreditado los delitos que les señalaban.

Pese a ello, y ante la insistencia de mantenerse en su decisión de consignarlos al Cereso, en cinco ocasiones el Juzgado de Distrito requirió a Soberanis Ramírez para que justificase su decisión, lo cual nunca hizo. En pleno proceso electoral, el Consejo de la Judicatura de Yucatán determinó suspenderlo de sus funciones por seis meses, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2015. Fue así que tomó la batuta del caso Jorge Andrés Vázquez Juan.

Desde abril hasta diciembre de 2015 hubo varios acercamientos entre los acusados y representantes del gobierno del estado, que había intervenido para apaciguar los ánimos de las llamadas Abuelas de la Plaza Grande y ante la presión mediática y política que se estaba ejerciendo.

[b]Las negociaciones[/b]

Las llamadas Abuelas de la Plaza Grande, es un grupo de personas que tenían sus inversiones en Crecicuentas y exigían la restitución de su dinero. Entre ellas figuran como líderes una empleada del Ayuntamiento de Mérida, Blanca Isela Ruz Morales, y una conocida prestamista de Oxkutzkab, Dulce María Berzunza Escaroz de Pérez.

En plena campaña política del 2015, cuando contendían por una diputación Celia Rivas Rodríguez, ex fiscal general del estado, y el ex secretario general del gobierno, Víctor Caballero Durán, se incrementaron las protestas e, incluso, Ruz Morales -acompañada por senador del PAN Daniel Ávila Ruiz- y a nombre de las personas que afirman haber sido afectadas por Crecicuentas, promovió la cancelación de las candidaturas de dichos políticos priístas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac). La resolución del proceso sancionador UTCE/SE/SO/015/2015 emitida por ese organismo, indica que las acusaciones fueron improcedentes.

Ese componente político fue el que derivó en el operativo que tuvo lugar el 11 de enero de 2016, mismo que fue coordinado, según sus propias declaraciones, por el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf. Así, el domingo 17 de enero de este año, durante el tercer informe del gobernador Rolando Zapata Bello, se destacó la detención de la familia Argáez López como un logro y éxito de las autoridades locales.

No obstante, en un intento por darle salida al problema, Rodríguez Asaf buscó a Jorge Lizcano Esperón, abogado y ex delegado de la PGR, para que las partes negociaran un arreglo económico. El intermediario fue un litigante de nombre Pedro Miranda.

En una serie de conversaciones de Whatsapp, Miranda contactó a los Argáez López, a nombre del gobierno del estado, a principios de octubre del año pasado. Usando el número 9991480450, argumentó que le habían autorizado llegar a un acuerdo de liquidación de las deudas pendientes.

Los textos, de los cuales tiene copia este medio, revelan que hubo una serie de reuniones entre el secretario general de Gobierno, los afectados, personal de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia. De acuerdo con esas pláticas, Miranda apoyaría a los Argáez López a cambio de un “apoyo” inicial de 300 mil pesos, porque el gobierno “no le estaba dando nada”.

Asimismo, sale a relucir que hubo intentos por saldar los pagos que exigían las Abuelas de la Plaza Grande, para lo cual se vendería la cartera vencida de Crecicuentas a razón de 50 centavos por cada peso, aunque la máxima oferta fue de 29 centavos por peso. Para ese momento, octubre de 2015, únicamente la agrupación de las Abuelas exigía seis millones de pesos, sin considerar a los demás ahorradores afectados.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo a medida, las presiones hacia el gobierno empezaron a incrementarse para que se les diera el dinero o que se metiera a la cárcel a los Argáez López. En ese particular, destaca un mensaje en el que se les advierte que había activas seis denuncias en la FGE que utilizarían para encarcelarlos, como finalmente ocurrió.

Roto ese puente de comunicación, el propio Rodríguez Asaf se puso al frente de las negociaciones, luego de haber organizado el operativo de captura. En un primer acercamiento, a principios de junio de 2016, indicó que se aceptaría la cartera vencida a manera de garantía de pago, pero días después se retractó, según cuenta Miguel Argáez.

[b]Situación actual[/b]

Hoy en día, la Codhey integra el expediente por las violaciones a los derechos humanos que se habrían dado durante el operativo de arresto del pasado 11 de enero, mientras que en el juzgado primero de distrito obra como prueba el video de la detención de Miguel Ángel Argaez. En esa instancia federal está programada una audiencia para hoy 20 de julio.

Los juzgados mercantiles, por su parte, desahogan alrededor de 400 casos relacionados con Crecicuentas. La resolución de esos juicios permitiría devolverle el dinero a los pequeños ahorradores, que han visto comprometido su patrimonio por la inoperatividad de esa sociedad de préstamo. A la fecha, ya se han liquidado varios adeudos con inversionistas, según recibos integrados en los expedientes judiciales.