Uber al Congreso

Paul Antoine Matos
Foto: Óscar Rodríguez Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 15 de junio, 2016

“Estamos a favor del uso de las tecnologías, de la libre competencia y de la generación de empleos”, afirmó Mauricio Vila Dosal, presidente municipal de Mérida, al ser cuestionado sobre la regulación al servicio de transporte a través de plataformas digitales, como Uber, que se aprobó ayer en el Congreso.

Aunque aceptó que el tema es competencia del gobierno del estado y de los legisladores, realizó un llamado a que las partes involucradas dialoguen y lleguen a acuerdos que beneficien al meridano.

Por su parte, Juan José Abraham Daguer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Mérida, declaró que “lo deseable, siempre, es que la ciudadanía sea escuchada y consultada”. Aunque ya se aprobó la ley, señaló que aún falta que se especifique el reglamento que tiene los puntos finos; por tanto, involucrar a la sociedad en ese tipo de situaciones es útil.

Indicó que en la economía participa, que es el modelo de Uber, en teoría, el auto de la casa que no se usa se vuelve una herramienta para obtener un ingreso extra en la familia, mas no para que un tercero contrate a otras personas para ofrecer el servicio de transporte como concesionado.

En su opinión, debe ser el núcleo familiar completo el que pueda operar con Uber; es decir, que el padre sea el dueño del vehículo pero tanto los hijos, la esposa o los abuelos puedan conducirlo.

Antenoche, la diputada priísta Celia Rivas Rodríguez, presidente del Congreso local, dirigió a través de su perfil de Facebook un mensaje de bienvenida a Uber, en el cual indicó que la regulación “no pretende desincentivar la opción de transporte”, y sí establecer bases para la prestación de servicios en la entidad, por la seguridad, entre otros aspectos.

La mañana de ayer, circuló en redes sociales la respuesta de Uber, en la cual se rebatió cada punto del mensaje de la diputada y se calificó la reforma a la Ley del Transporte como limitante, que pretendía encarecer el servicio e incluso obstaculizar la incorporación de choferes, por lo que la legislación termina siendo protectora de los líderes taxistas, en detrimento de la población.