Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Lunes 6 de mayo, 2016
El representante legal y fundador de la arrendadora automotriz Ryde & Go de Mérida, Justo Medina Escobedo, solicitó piso parejo a las autoridades, toda vez que empresas como Uber y organizaciones de taxistas no pagan impuestos, por lo que demandó que en el análisis que se realizará dentro de algunos días a la Ley de Transporte, se meta en cintura a todas las empresas y sindicatos que prestan servicios de transportación.
En rueda de prensa, anunció que ante la nula difusión del marco legal realizarán los trámites para hacer efectiva la Ley de Participación Ciudadana de Yucatán y convocar a un referéndum, con el objetivo de que se tome en cuenta a todos los ciudadanos en la discusión que los diputados realizarán en los próximos días, en torno a la iniciativa enviada por el gobernador Rolando Zapata Bello y la propuesta presentada por el Partido Acción Nacional (PAN).
“Mediante este referéndum queremos que la sociedad sea actora principal de los cambios en nuestra sociedad. En Ryde & Go confiamos en los valores cívicos y rechazamos toda manifestación violenta o provocación”, expuso.
Aseguró que la empresa que representa garantiza la seguridad de sus usuarios, toda vez que sus coarrendatarios pasan por un exhaustivo proceso de selección y capacitación, además de que los usuarios pueden escoger qué chofer les presta el servicio.
“Desde un principio nuestros clientes conocen el punto de origen y destino de cada viaje; las tarifas son establecidas desde el momento mismo que se solicita un Ryde, con nosotros no hay sorpresas”, señaló.
Arremetió contra el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y la plataforma digital Uber, al asegurar que son evasores fiscales, por lo que exigió un trato igualitario por parte de las autoridades estatales, toda vez que Ryde & Go apuesta por la legalidad.
“Hemos librado batallas en los juzgados, que nuestro esquema esté apegado en su totalidad a las leyes vigentes. Nosotros damos la cara a la sociedad, respondemos a nuestros coarrendatarios y estamos aquí en Yucatán”, afirmó.
Dudó de la probidad de las discusiones de la iniciativa de ley dentro del Congreso local, al acusar al legislador priista Henry Sosa Marrufo de ser dueño de varias concesiones de taxi, por lo que demandó que ese representante popular se mantenga al margen del análisis y aprobación de las reformas propuestas po el Ejecutivo estatal, al existir un claro conflicto de intereses.
Insistió en que es tiempo que todas aquellas empresas que movilizan a los ciudadanos en la capital yucateca y en los municipios sean incluidos en una ley que garantice igualdad de condiciones para competir por los usuarios.
“Vamos por una ley que otorgue igualdad de condiciones para una sana competencia en la movilidad”, refirió el empresario yucateco.
Manifestó que la demanda de un referéndum propuesta por la empresa que representa tiene carácter social, pues “ya es hora que los diputados nos tomen en cuenta”.
Finalmente, confió en reunir más de 20 mil firmas para presentarlas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), para que se obligue al Congreso a incluir a diferentes sectores de la sociedad, en la discusión y análisis de las reformas a la Ley del Transporte propuestas por el Ejecutivo estatal.
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